Una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) presentó una demanda arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra la empresa estatal jamaicana Petrojam, en medio de una disputa por la nacionalización de la participación venezolana en una refinería de la isla.
El proceso fue impulsado por PDV Caribe, compañía perteneciente a P que hasta 2019 era propietaria del 49% de las acciones de Petrojam, la única refinería de petróleo de Jamaica. El 51% restante estaba en manos de la estatal Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ).
La participación venezolana se originó en 2006, cuando ambos países establecieron una alianza energética dentro del esquema de Petrocaribe, un acuerdo promovido por el gobierno de Hugo Chávez para fortalecer la cooperación petrolera con naciones del Caribe.
Como parte del convenio, PDVSA asumió el compromiso de aportar financiamiento para la modernización y ampliación de la capacidad operativa de la refinería. No obstante, con el transcurso de los años, los proyectos de inversión previstos no se concretaron, generando tensiones entre los socios.
La situación se complicó tras las sanciones impuestas por Estados Unidos contra PDVSA, que limitaron las operaciones internacionales de la empresa venezolana, afectando el suministro de crudo, las transacciones financieras y su capacidad de inversión.
Ante este panorama, el Parlamento de Jamaica aprobó en 2019 una legislación que permitió al Estado adquirir de manera obligatoria las acciones pertenecientes a PDV Caribe, con lo que el gobierno jamaiquino pasó a controlar el 100% de Petrojam.
Las autoridades de Jamaica justificaron la medida al señalar que buscaban garantizar la seguridad energética del país y evitar que las restricciones internacionales sobre PDVSA afectaran el funcionamiento de la refinería. Además, indicaron que el monto correspondiente a las acciones sería colocado en una cuenta de garantía debido a las dificultades para transferir fondos al Estado venezolano.
Sin embargo, Caracas mantuvo su reclamo sobre la operación y sostiene que la compensación debe incluir no solo el valor de las acciones, sino también otros conceptos económicos como dividendos pendientes y el valor real del activo petrolero.
Según estimaciones presentadas anteriormente por autoridades venezolanas, el reclamo podría rondar los 250 millones de dólares.
Con la llegada del caso a la Cámara de Comercio Internacional, PDV Caribe busca que un tribunal arbitral determine la compensación que correspondería por la pérdida de su participación en Petrojam y emita una decisión de cumplimiento obligatorio para ambas partes.
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