La transición democrática de Venezuela no dependerá únicamente de una mesa de negociación ni de acuerdos entre actores políticos. Para el abogado Perkins Rocha, uno de los juristas más influyentes del país y actualmente sometido a detención arbitraria, el éxito del proceso pasa por recuperar primero la confianza ciudadana, restablecer las libertades políticas y reconstruir las instituciones que permitan unas elecciones verdaderamente libres.
Durante una extensa conversación con lapatilla, Rocha ofreció una de sus reflexiones más completas sobre el momento político que atraviesa Venezuela, el nuevo proceso de diálogo impulsado tras los acontecimientos del 3 de enero, el papel de Estados Unidos como garante y la responsabilidad que tendrán tanto los dirigentes políticos como la ciudadanía para impedir que la negociación termine convirtiéndose en otro proceso inconcluso.
La entrevista comenzó con una pregunta inevitable: ¿por qué continúa detenido?
En lugar de ofrecer una explicación directa, Rocha respondió con otra interrogante.
“¿Por qué crees que Diosdado Cabello sigue todavía en el poder?”, preguntó.
Para el jurista, ambas respuestas están estrechamente relacionadas. Mientras persistan las estructuras de poder que sostuvieron al régimen durante años, también continuarán las violaciones a los derechos fundamentales de quienes representan una amenaza política para ese sistema.
La respuesta marcó el tono de toda la conversación: más que analizar casos individuales, Rocha buscó explicar las dinámicas institucionales que mantienen a Venezuela en una prolongada crisis política.
El gran ausente en la mesa de negociación
Uno de los primeros temas abordados fue el nuevo proceso de diálogo que intenta abrir una salida política al país.
Rocha aclaró que el debate no debe centrarse únicamente en si María Corina Machado participa o no directamente en la negociación.
A su juicio, el verdadero problema es otro.
El gran ausente de esa mesa es el ciudadano venezolano que expresó su voluntad política durante las elecciones del 28 de julio de 2024.
Según explicó, Machado representa un mandato popular ampliamente respaldado y excluir ese mandato significa dejar fuera precisamente al sujeto principal de cualquier transición democrática.
“No es un problema de representación personal; es un problema de representación del mandato ciudadano”, sostuvo durante la entrevista.
La primera condición: libertad para los presos políticos
Quizás el punto más enfático de toda la conversación fue su posición sobre los presos políticos.
Rocha considera que ninguna negociación puede desarrollarse normalmente mientras cientos de personas continúen encarceladas por razones políticas.
Para ilustrarlo recurrió a una comparación sencilla.
Negociar con quienes mantienen rehenes políticos —explicó— sería como aceptar conversar con delincuentes mientras la propia familia permanece amenazada.
Por ello sostiene que la liberación de los presos políticos no debería formar parte de la negociación como un elemento más de la agenda.
Debe ser una condición ética previa.
También cuestionó que este punto no aparezca claramente reflejado dentro de las prioridades públicas del proceso de diálogo, algo que calificó como una omisión preocupante.
Optimismo, pero con espíritu crítico
A diferencia de sectores que rechazan cualquier conversación con el oficialismo, Rocha reconoce que el nuevo escenario presenta diferencias importantes respecto a negociaciones anteriores.
La principal, afirma, es la existencia de un garante internacional con una capacidad de presión que antes no existía.
Eso le permite observar el proceso con “optimismo crítico”.
Aclara, sin embargo, que apoyar la negociación no significa respaldar la forma en que está siendo conducida.
Considera que el mecanismo todavía necesita ganar credibilidad ante la ciudadanía y ofrecer resultados concretos que permitan reconstruir la confianza perdida después de años de diálogos fallidos.
El papel de Estados Unidos
Uno de los elementos novedosos analizados durante la entrevista fue el rol que actualmente desempeña Estados Unidos.
Rocha considera que Washington ya no actúa bajo la misma lógica de administraciones anteriores.
En su opinión, existe ahora una interpretación distinta del conflicto venezolano y una comprensión mucho más profunda del agotamiento político del modelo chavista.
Aunque reconoce la importancia del respaldo estadounidense, insiste en que Venezuela no puede convertirse en un territorio administrado desde el exterior.
“Podemos estar de acuerdo con el tutor, pero no de esa manera”, resumió utilizando una frase que repitió durante la conversación.
Para él, el objetivo debe seguir siendo la recuperación plena de la soberanía institucional venezolana.
Las cuatro líneas para recuperar el país
Uno de los momentos más relevantes de la entrevista fue cuando Rocha describió lo que considera la hoja de ruta indispensable para iniciar una transición democrática.
Su propuesta gira alrededor de cuatro grandes ejes.
El primero consiste en restablecer las libertades políticas.
Eso implica liberar a los presos políticos, levantar inhabilitaciones, devolver personalidad jurídica a las organizaciones políticas y garantizar plenamente los derechos civiles.
El segundo eje es la reconstrucción institucional.
Plantea la necesidad de recuperar organismos fundamentales como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, además de revisar el funcionamiento de otras instituciones involucradas en la organización de futuros procesos electorales.
La tercera línea consiste en establecer un cronograma electoral creíble.
Ese calendario debe surgir únicamente después de reconstruir las condiciones mínimas que permitan elecciones verificables y aceptadas por todos los actores.
Finalmente, Rocha insiste en que la transición no puede olvidar la emergencia cotidiana que viven millones de venezolanos.
Electricidad, agua potable, alimentación y servicios básicos deben formar parte de cualquier proceso de recuperación nacional.
El rol de María Corina Machado y Edmundo González
Lejos de plantear una confrontación entre la dirigencia política y los negociadores, Rocha propone una división de responsabilidades.
Mientras quienes participan en la mesa de diálogo avanzan sobre los aspectos institucionales, considera que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia deben mantener vivo el liderazgo ciudadano.
Su papel, explica, consiste en movilizar nuevamente a la sociedad, mantener la presión democrática y convertirse en el vínculo permanente entre las aspiraciones populares y el proceso político.
Desde su perspectiva, ambas tareas deben desarrollarse simultáneamente.
No son excluyentes.
La inversión que nunca llegó
La entrevista también abordó el tema económico.
Rocha sostiene que las grandes inversiones internacionales que algunos esperaban tras los recientes cambios políticos nunca se materializaron.
En cambio, afirma, surgieron inversiones de menor escala que generan beneficios para grupos específicos, pero que no resuelven los grandes problemas estructurales del país.
A su juicio, la ausencia de seguridad jurídica y de instituciones independientes continúa siendo el principal obstáculo para atraer los capitales necesarios para reconstruir sectores estratégicos como la industria petrolera, el sistema eléctrico o la infraestructura nacional.
Sin reglas claras —advierte— ningún gran inversionista asumirá el riesgo de comprometer miles de millones de dólares en Venezuela.
La ciudadanía no puede convertirse en espectadora
Rocha insiste repetidamente en un punto.
Los ciudadanos no deben limitarse a observar el desarrollo de las negociaciones.
Deben ejercer presión permanente.
Exigir resultados.
Fiscalizar.
Preguntar.
Participar.
Considera que esa vigilancia ciudadana será precisamente el indicador que utilizarán los actores internacionales para medir si el proceso mantiene legitimidad o si comienza a perder respaldo social.
También sostiene que abrir nuevamente los espacios para el ejercicio de los derechos políticos disminuiría significativamente la tensión social acumulada durante los últimos años.
Las elecciones —afirma— han funcionado históricamente como válvulas institucionales para canalizar los conflictos políticos.
¿Cómo deberían ser las próximas elecciones?
Consultado sobre el diseño de un futuro cronograma electoral, Rocha fue claro.
Su preferencia sería realizar primero elecciones presidenciales y parlamentarias de manera simultánea.
Posteriormente podrían convocarse, de forma escalonada, las elecciones regionales y municipales.
Ese calendario, explicó, debería prepararse durante un período aproximado de entre seis y nueve meses, tiempo suficiente para reconstruir las garantías institucionales mínimas necesarias.
Una transición que depende de algo más que acuerdos políticos
Más allá del debate jurídico o constitucional, la entrevista deja una idea central.
La transición democrática venezolana no dependerá únicamente de documentos firmados o de reuniones diplomáticas.
Dependerá de la capacidad de recuperar la confianza de los ciudadanos.
Para Rocha, esa confianza solo será posible si el proceso comienza mostrando resultados visibles: libertad para los presos políticos, recuperación de los derechos civiles, instituciones independientes y un cronograma electoral creíble.
Solo entonces, sostiene, Venezuela podrá comenzar a dejar atrás décadas de confrontación política y abrir un nuevo capítulo de reconstrucción institucional.
Mientras tanto, concluye, la responsabilidad seguirá siendo compartida entre quienes negocian, quienes lideran políticamente al país y una ciudadanía que, lejos de abandonar la presión democrática, deberá mantenerse vigilante para evitar que esta oportunidad termine convirtiéndose en otro intento fallido.
About The Author
