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La medida tendrá una duración de 60 días y permitirá a la Policía asumir el control externo con apoyo militar
Cinco centros penitenciarios de Perú fueron declarados en emergencia por un período de 60 días, debido a que concentran cerca de 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales, según un decreto supremo publicado este sábado.
La disposición, aprobada por la presidenta Keiko Fujimori, incluye los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
Medida contempla el control del perímetro exterior de las prisiones en un radio de 200 metros, área donde quedarán temporalmente suspendidos los derechos constitucionales relacionados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Policía Nacional, con respaldo de las Fuerzas Armadas, estará a cargo de garantizar la seguridad en las zonas externas, además de vigilar el espacio aéreo y el espectro electromagnético próximo a los establecimientos penitenciarios.
Operativos incluirán controles reforzados en los accesos y labores de inteligencia destinadas a prevenir posibles fugas. También se desplegarán acciones permanentes para incautar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas.
Estas tareas serán coordinadas con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), organismo que conservará la administración y la custodia interna de los establecimientos.
Gobierno peruano aseguró que la aplicación del estado de emergencia no afectará las garantías fundamentales. Durante los 60 días se mantendrá la protección del derecho a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Buscan frenar delitos coordinados desde las prisiones
Decisión busca impedir que organizaciones criminales continúen dirigiendo desde las cárceles operaciones delictivas en el exterior, especialmente relacionadas con secuestros, extorsiones y sicariato.
Uno de los casos que precedieron la medida ocurrió en Trujillo, donde un empresario minero fue secuestrado y cuatro personas que lo acompañaban fueron asesinadas. Los responsables habrían utilizado una falsa operación policial para interceptar al grupo durante la madrugada.
Autoridades atribuyeron el hecho a Los Pulpos, una organización criminal cuyo presunto cabecilla, Jhonsson Cruz, fue detenido esta semana en Bolivia y posteriormente expulsado hacia Perú. Allí deberá responder por una condena anterior por homicidio y otros delitos vinculados con crimen organizado.
Cinco establecimientos incluidos en la emergencia reúnen actualmente alrededor de la mitad de los reclusos relacionados con organizaciones criminales del sistema penitenciario peruano, según información oficial.
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió las acciones adoptadas por el Ejecutivo mientras el Congreso evalúa una solicitud para otorgar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.
“El gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad”, afirmó Galarreta.
Reunión sostenida el viernes entre la presidenta Fujimori, Galarreta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano, antecedió la aprobación de la medida.
