Para la Policía peruana, la ciudadana venezolana Crismar Andreina Contreras González (19 años), conocida con el alias de “La Cortadedos”, habría tenido un rol clave dentro de una presunta red criminal vinculada a la organización conocida como “El Hampa del Tren de Aragua”. Su captura se produjo el pasado domingo en el marco de un operativo en el que también fueron detenidas otras personas investigadas por secuestro, extorsión y tortura.
De acuerdo con la versión policial, la joven no solo habría participado directamente en agresiones contra las víctimas, sino que además se le atribuye la captación de otras compatriotas para integrarlas a la estructura delictiva, que operaría utilizando el ofrecimiento de servicios sexuales como fachada para atraer y posteriormente secuestrar a empresarios y otras víctimas.
Las investigaciones apuntan a que la presunta organización habría mantenido cautivos a varios hombres en una vivienda ubicada en El Agustino, Lima, donde eran sometidos a torturas físicas y psicológicas mientras sus familiares recibían amenazas a través de mensajería instantánea. En uno de los casos, un ingeniero electrónico habría sido secuestrado y por su liberación se exigieron 100 mil soles, mientras que en conjunto los rescates obtenidos en distintos plagios ascenderían a unos 350 mil soles. Otra de las víctimas, de nacionalidad venezolana, habría sido asesinada durante el cautiverio, detalla el medio peruano Trome.
Los mensajes enviados a los familiares de los secuestrados contenían amenazas explícitas, entre ellas advertencias de mutilación. “Una hora te voy a dar. Después de ahí le empezamos a picar los dedos hasta que se muera desangrado”, se lee en uno de los textos atribuidos a los captores.
Las autoridades señalan además que los rehenes eran golpeados con armas, mantenidos atados, privados de sueño y de necesidades básicas como el uso del baño, en un contexto de violencia sistemática que habría sido utilizado como mecanismo de presión para el pago de rescates.
Junto a “La Cortadedos” también fue detenida su madre, Yenny González Mendoza (33 años), así como otras jóvenes identificadas como Britney Neira (19), Dicnaycoris Franco (18) y Karla Hernández (21), quienes son investigadas por su presunta participación en la captación y vigilancia de las víctimas.
Según las pesquisas, algunas de las implicadas habrían utilizado redes sociales como TikTok para mostrarse en actividades cotidianas, incluso durante visitas a centros de detención, mientras que otras habrían declarado trabajar en el emporio comercial de Gamarra, lugar que no se descarta como punto de captación de víctimas.
La investigación también apunta a que parte del dinero producto de los rescates habría sido transferido a cuentas bancarias de terceros, incluyendo personas fallecidas, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada para el lavado y ocultamiento de fondos ilícitos.
El caso ha generado fuerte rechazo en la opinión pública, donde se ha multiplicado el pedido de la máxima sanción para los implicados. En el plano jurídico, especialistas consultados sostienen que los hechos podrían encuadrarse dentro de delitos de criminalidad organizada con agravantes de extrema crueldad, lo que podría derivar en penas que lleguen incluso a la cadena perpetua, especialmente si se confirman homicidios y actos de mutilación.
Las autoridades continúan las diligencias para determinar el alcance total de la presunta red criminal, su estructura de financiamiento y la posible vinculación con organizaciones transnacionales dedicadas al secuestro y la extorsión en la región.
About The Author
