«Qué podemos hacer para que hablen», “apriétalo más”, “no lo dejes dormir”, “échale agua”. Todas estas expresiones son atribuidas por EEUU a Nicolás Maduro
La Fiscalía de Nueva York agregó el jueves 8 de octubre una nueva acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, la expareja presidencial capturada el pasado 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos sobre Caracas. En un documento de 30 páginas y una rueda de prensa, el fiscal James M. MacDonald aseguró que los actos de los Maduro-Flores ocasionaron un «daño generacional» a los venezolanos y, además, afectaron a ciudadanos estadounidenses.
Nicolás Maduro y Cilia Flores ahora son procesados por cinco cargos en Estados Unidos: conspiración por narcoterrorismo, conspiración para torturar, conspiración y posesión de armas y dispositivos destructivos, además de conspiración para importar cocaína.
El escrito presentado por la Fiscalía estadounidense arroja luces de cómo, según sostienen, estas figuras construyeron un aparato represivo anclado en los poderes Ejecutivo y Judicial, la actuación de cuerpos de seguridad, organizaciones criminales y la Fuerza Armada Nacional para beneficiarse de actos de corrupción, tráfico de drogas y mantener a raya la disidencia opositora por medio de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, incluyendo violencia sexual.
«Qué podemos hacer para que hablen», «apriétalo más», «no lo dejes dormir», «échale agua». Todas estas expresiones son atribuidas por Estados Unidos a Nicolás Maduro durante la planificación o comisión de torturas, a través del relato de varias víctimas, entre ellas ciudadanos estadounidenses.
Las órdenes de Maduro
Uno de los relatos corresponde a la «Víctima-2», un militar a quien Nicolás Maduro ordenó detener por creer que «se estaba reuniendo con un exfuncionario venezolano de alto nivel”. Según el escrito de EEUU, el exmandatario no solo ordenó su detención para «dar un ejemplo» sobre su situación, sino que bajo su conducción este militar fue torturado en casas clandestinas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y trasladado a un campamento paramilitar de las FARC en Colombia –cerca de la frontera con Venezuela– donde estuvo dos semanas.
En 2014, menciona el escrito de EEUU, tanto Maduro, Cilia Flores y otros altos oficiales se reunieron para discutir sobre reportes de inteligencia que hablaban de la deserción de militares. «En respuesta, Maduro Moros sugirió secuestrar a cinco o siete miembros militares y ‘sacar información de ellos’ mediante tortura. Flores de Maduro estuvo de acuerdo, descartando una alternativa de infiltración clandestina de oficiales».
«Maduro preguntó si alguno de los oficiales había cambiado de opinión una vez detenido, con especial atención a cualquier líder militar de alto nivel que hubiera sido arrestado. A veces, CC-2 indicó que los individuos se habían roto, pero en otras ocasiones, informaron que seguían siendo desafiantes. En al menos una ocasión, ante la noticia de que, a pesar del arresto, un individuo se negó a ceder, Maduro hizo una señal con sus manos atornillando una en la otra y dijo, «apriétenlos más fuerte», ordenando que aumentaran los abusos».
Uno de los casos dentro de la acusación corresponde al dirigente fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. Según EEUU, Maduro dio instrucciones específicas para someterlo a malos tratos y, en reuniones en las que participaba Cilia Flores, preguntaba si López seguía «sintiéndose arrogante» y «ordenaba mayores abusos si así era». Un funcionario le confirmó que era «un prisionero de Maduro».
La Fiscalía de Nueva York dice que a medida que se intensificaba su régimen, el exgobernante supervisó «el desarrollo de un enfoque más sistemático para arrestar y torturar» a la disidencia. «Maduro Moros, a veces, preguntó qué se le estaba haciendo a un detenido y se le proporcionó una descripción de la tortura como choques eléctricos, golpizas o ahogamientos simulados».
En cada caso, se dice en el documento, era Maduro quien decidía quienes eran sometidos a procesos penales o eran liberados.
«Si un detenido se negaba a hablar, Maduro Moros haría preguntas que incluían ‘qué podemos hacer para que hablen’ y alentaría a traer presión adicional. En ocasiones, Maduro Moros hizo sugerencias para técnicas particulares de tortura, diciendo ‘no los dejes dormir’ o ‘echa agua sobre ellos’, a veces riéndose después de escuchar los abusos contra los detenidos».
Asimismo, se le atribuyen las decisiones de persecución a militares por medio del Plan Zamora (2017) y ordenar el operativo –liderado por la Dgcim– que acabó con la muerte del exfuncionario del Cicpc Óscar Pérez.
En otro evento posterior, el ataque con drones de 2018, la Víctima-5 «escuchó a los oficiales del Dgcim que ejecutaban las torturas de que «el jefe», a quien la Víctima entendió que era Maduro Moros, no creía lo que decía la Víctima-5. En el interrogatorio que se produjo, los oficiales torturaron a la Víctima-5 asfixiándolo con una bolsa, aplicando choques eléctricos en sus testículos y rodillas, y pateándolo y golpeándolo con un objeto contundente. Los mismos oficiales registraron el abuso y el interrogatorio de la víctima-5″.
En total son nueve casos donde las víctimas relatan abusos que estuvieron ordenados o vinculados a acciones de Nicolás Maduro. A los ciudadanos estadounidenses, en particular, se les acusó de «conspirar» para asesinar al exmandatario. Todas las víctimas estadounidenses fueron llevadas a la Dgcim Boleíta donde se cometieron torturas como «inyecciones forzadas de substancias» que, en algunos casos, ocasionaron convulsiones. Allí también presenciaban las torturas contra otros venezolanos o norteamericanos.