Walter Molina y José Vicente Carrasquero analizan el alcance del acuerdo nacional que presentó la coalición de partidos que apoya a María Corina Machado

Primero fue la hoja de ruta, en abril; a esta declaración política le sucedió el Manifiesto de Panamá en mayo pasado y cinco después, la Plataforma Unitaria Democrática vuelve junto con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia con un «acuerdo de unidad nacional» de 14 puntos, en los que ratifica el liderazgo de la ganadora de las primarias de 2023 y nobel de la Paz 2025.

Esta última posición sucede a tres meses del inicio de una mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de las fuerzas democráticas, representado por exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015. Nuevamente el eje central rota sobre una transición democrática, la liberación de los presos políticos y una negociación que lleve a unas elecciones, con énfasis en las presidenciales.

Los politólogos José Vicente Carrasquero y Walter Molina coincidieron, en entrevista con El Pitazo, que este acuerdo es «un paso positivo» pese a las diferencias e inercia que tuvo la coalición de ocho partidos desde que miembros de dos de ellos -Primero Justicia y Voluntad Popular- se sentaron en una misma mesa con el chavismo por decisión de Estados Unidos.

«Creo que este acuerdo es un paso positivo. La unidad debe ser, ante todo, de propósito: recuperar la libertad y hacer valer la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas. Pero esa unidad debe traducirse en una estrategia común, con objetivos concretos y tiempos definidos. Particularmente, una fecha para las elecciones presidenciales en 2027. La negociación es un instrumento, no puede convertirse en un fin en sí mismo», destacó Molina.

A diferencia de la hoja de ruta de abril, el acuerdo presentado el fin de semana fija un compromiso más allá de la transición al hablar por ejemplo de la alternancia del poder y trabajar en eliminar la reelección indefinida para los cargos ejecutivos.

Elecciones y eliminación de mandato indefinido

Carrasquero dijo que es un buen precedente, aunque corresponderá a un venidero gobierno democrático que gane las urnas con una mayoría suficiente para impulsar este cambio que pasa por una reforma constitucional.

«Las exigencias de unas elecciones libres son normales dentro de un proceso de recuperación de la democracia, ya la eliminación de la reelección indefinida es una tarea que le toca a un próximo gobierno. Pero tener esto de antemano sería buenísimo, básicamente es el tipo de cosas que se le pediría a un gobierno que venga después de esto, que tenga respaldo de la población, que haya ganado las elecciones con unas fuerzas lo suficientemente amplias para promover este tipo de cambios con los que estoy de acuerdo que debe darse, porque la reelección indefinida es uno de los peores daños que se le hizo a Venezuela», destacó.

El analista señala que no es lo mismo el acuerdo de la Plataforma y Machado que lo que se discute en la mesa, que él prefiere definir como un espacio con tareas y agendas definidas por Estados Unidos, que tanto el chavismo como la AN de 2015 están obligados a sacar adelante por decisión del tutor.

Sí dijo que los puntos 5 y 6 del acuerdo respaldan las iniciativas de la mesa sobre la transición democrática y la reinstitucionalización de las instituciones, lo que pasa por la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Es una manera de estar de acuerdo con los objetivos de la mesa: reinstitucionalización del país, un nuevo TSJ, un nuevo CNE, y redemocratizar el país. De quien habla muy mal esto es del chavismo porque es una iniciativa que ellos pudieron haber tomado por su cuenta sin ser forzados a ello, pero el chavismo ha sido muy torpe, porque lo único que está haciendo sentado en la mesa es manteniendo a presos políticos y todavía haciendo difícil el ejercicio de las libertades», agregó.

Molina detalló que el acuerdo tiene varios momentos; uno es la liberación de presos políticos que está en manos del chavismo ejecutarla a la par de las negociaciones; un segundo es la reinstitucionalización y el último, como dijo Carrasquero, correspondería a un gobierno democrático como es la reelección indefinida.

«Algunas medidas pueden comenzar durante la transición, pero su desarrollo y consolidación corresponderán fundamentalmente a un nuevo gobierno democrático. No podemos exigir que Venezuela tenga todas sus instituciones reconstruidas antes de permitir que los venezolanos elijan a su presidente. Eso sería invertir el orden lógico de una transición», aclaró.

María Corina Machado advierte que «Venezuela está en ebullición» y la estructura mafiosa continúa

El mensaje dentro del mensaje

Aunque la mención a Estados Unidos está en pocas líneas sobre el plan de tres fases para el país del Departamento de Estado, los analistas dijeron que está implícito el respaldo del acuerdo a la iniciativa del tutor, quien el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores es el actor principal de la dinámica política nacional.

«Estados Unidos ha venido ejerciendo un control lo suficientemente amplio para lograr que las clases políticas actúen en función de lo que es la agenda que tiene EEUU para recuperar la democracia en Venezuela», sostuvo Carrasquero.

Mientras que Molina añadió que el documento traza una ruta en la que los partidos de la Plataforma Unitaria se comprometen a actuar en sintonía con las demandas ciudadanas y el cambio político.

«Que toda la Plataforma Unitaria ratifique la exigencia de libertad plena para los presos políticos, el desmontaje del aparato represivo y, especialmente, la prioridad de las elecciones presidenciales tiene un sentido político. Hay mensajes dentro del mensaje. Se está fijando una posición común sobre cuál debe ser el destino de este proceso y cuáles son las condiciones mínimas para hablar de una transición democrática. Y eso es particularmente necesario cuando todavía hay sectores que parecen más interesados en administrar los tiempos de la transición que en concretarla».