El ataque del 18 de diciembre de 2025 precedió a la orden presidencial.
Aquella tarde, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional arremetieron con drones contra un batallón del ejército colombiano en el departamento del Cesar. Siete soldados murieron y más de 30 resultaron heridos.
Al día siguiente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la compra inmediata de sistemas antidrones para todo el país.
Menos de un mes después, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció a mediados de enero la ejecución del Proyecto Escudo Nacional Antidrones por un valor inicial de US$1.680 millones.
El ministerio dijo que es “la más ambiciosa y audaz estrategia de defensa del espacio aéreo” para proteger a civiles y la fuerza pública “del uso de drones por parte de grupos armados al margen de la ley”.
Laura Bonilla, directora de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que no existe proyecto similar en América Latina, aunque es escéptica sobre si es la respuesta idónea a las amenazas de grupos armados en Colombia.
Vladimir Rodríguez, exdirector de Tecnología y Respuesta de Incidentes Cibernéticos del Ministerio de Defensa durante parte del gobierno de Petro, también mostró reservas sobre el costo y la utilidad del proyecto.
Las ofensivas con drones de facciones armadas se repiten cada pocas semanas en el país en los últimos tiempos.
Solo entre abril de 2024 y el 18 de diciembre de 2025, el ejército contabilizó 393 ataques de ese tipo.
La amenaza
Bonilla le explica a BBC Mundo que el uso de drones por parte de grupos armados es una tendencia reciente que se asentó rápido.
En la frontera colombo-venezolana en el noreste colombiano, sobre todo en la región del Catatumbo, los drones son usados por guerrillas como las disidencias Frente 33 de las FARC o el ELN.
En el Cauca, otras disidencias también incrementan su implementación.
Según las investigaciones de Bonilla y su equipo en Pares, los grupos muchas veces adquieren los drones por internet y luego los adaptan para uso militar.
“Son las nuevas armas no convencionales de las guerrillas; baratas y fáciles de conseguir. Los drones de hoy son los cilindros bomba de antes”, dice la analista.
Bonilla añade que las guerrillas reclutan “droneros”, gente que conoce su manejo, o simplemente siguen tutoriales en YouTube.
“No es complicado manipularlos”, insiste la experta, añadiendo que los grupos también los emplean para vigilar y controlar territorios.
El ejército de Colombia presentó su primer batallón de drones a comienzos de octubre.
En una base militar en Tolemaida, en el centro del país, militares exhibieron un grupo de drones dotados de inteligencia artificial y capaces de atacar por aire a grupos armados.
Con diseños similares a los de un avión o con hélices semejantes a las de un helicóptero, estas aeronaves pueden identificar rostros, seguir vehículos y algunas sobrevolar hasta 45 kilómetros, según reportó la agencia AFP.
En un discurso a fines de 2025, Petro señaló que la guerra en Colombia era ahora una “de drones y antidrones”.
En la misma declaración, el presidente resumió que los ataques con estos artefactos habían dejado hasta entonces al menos 58 muertos y 200 heridos en el ejército y que la ventaja aérea, que antes tenían las fuerzas armadas, ahora pertenecía al narcotráfico.
Petro vincula a varios de los grupos armados en activo con el tráfico de drogas y dice haber insistido durante tres años en la adquisición de antidrones.
Su petición empieza a tomar forma casi seis meses antes de que finalice su mandato presidencial.
El escudo
El ministro Sánchez aclaró que el objetivo del proyecto es garantizar el control del espacio aéreo, salvar vidas y anticiparse a nuevas amenazas.
Por delante queda ahora definir a qué compañía y de qué estado se comprará la tecnología, primero, para luego capacitar al personal en su uso y probarla en territorio colombiano.
Rodríguez, el exdirector de Tecnología del Ministerio de Defensa, explica que un escudo antidrones funciona como “una red de detección, control y neutralización de drones, normalmente a través de radares, señales de radio y otros sensores”.
“Esa red tiene unas capas de defensa que protegen a militares, perímetros e infraestructura esencial frente a ese tipo de drones”, añade el también politólogo.
Es una protección que ya utilizan fuerzas armadas como las de Estados Unidos, Israel o algunos países en África, Asia y la Unión Europea, pero que hasta el momento no se había anunciado como proyecto nacional en América Latina.
Tanto Bonilla como Rodríguez explican que dicho escudo parece priorizar la defensa de infraestructura fundamental, como el Instituto Nacional de Industria Militar, donde se producen armas; La Casa Nariño del gobierno, refinerías petroleras o pasos militares, por ejemplo.
“Adquirir esta tecnología para ese tipo de protección es necesario. Todos los países pueden estar sujetos a ataques determinados, pero no creo que algo así sea lo que está pasando en las regiones colombianas donde las ofensivas con drones son más frecuentes”, dice la analista.
Las dudas
Rodríguez comparte con Bonilla las dudas sobre si un escudo nacional antidrones es lo más efectivo para enfrentarse a esa amenaza de los grupos armados.
El politólogo cree que es una inversión que no responde a un análisis certero del conflicto actual en Colombia: “temo que sea una pérdida de dinero en una tecnología que pronto quede obsoleta”.
“Los grupos armados se transforman permanentemente. Un escudo de ese tipo está pensado más para conflictos como el de Israel, no contra tropas irregulares en movilización constante que practican una guerra de guerrillas”, explica.
Bonilla se pregunta cómo podrá adaptarse la ciencia a las condiciones geográficas accidentadas y remotas colombianas: “pocas tecnologías militares disponibles son efectivas en zonas como el Amazonas”.
Los dos expertos consultados cuestionan, además, si no hubiese sido más lógico destinar la inversión o parte de ella a mejorar el sistema de comunicaciones del ejército o reducir el acceso de los grupos armados a estos artefactos.
“Pienso que se puede hacer más para restringir la compra de drones convencionales en Amazon o a través de China”, explica Bonilla.
El proyecto del escudo antidrones está en fase embrionaria y aún quedan preguntas por responder para convencer a toda la opinión pública.
Lo que está claro es que las fuerzas armadas de Colombia agilizan su modernización en los últimos tiempos.
En noviembre, el gobierno colombiano firmó un acuerdo con el de Suecia para adquirir 17 nuevos aviones de combate de marca Gripen por US$4.500 millones aproximadamente.
Petro dijo que dicha adquisición serviría para “disuadir” y que era “importante” para acabar con las violencias que en Colombia tienen “una raíz muy profunda en las economías ilícitas, el oro, la cocaína y más”.
El presidente colombiano llegó al gobierno prometiendo paz total, ceses al fuego y negociaciones para poner fin al conflicto.
Pero ante el empoderamiento de grupos armados y múltiples crisis de seguridad, Petro adoptó un enfoque más confrontativo.
Su gobierno ejecutó cuestionados ataques aéreos donde han muerto decenas de menores de edad, adquirió nuevo armamento militar por miles de millones y protagonizó discursos vehementes contra las guerrillas.
Una estrategia de zanahoria y garrote que ya queda ligada a su gestión y que los colombianos valorarán, entre otras políticas, en las próximas elecciones de mayo en las que el petrismo se juega su continuidad.
