Según datos del censo y de los servicios de inmigración, la cifra de venezolanos en EE.UU. se acerca al millón, y las llegadas se han disparado en los últimos meses debido a la crisis económica y la falta de alimentos y atención médica en el país.
Según un grupo de 24 senadores, todos demócratas con la excepción de Marco Rubio, de Florida, «deportar a los venezolanos que no han sido condenados por ningún delito a Venezuela en este momento de transición atentaría contra los intereses de EE.UU. y sus aliados en la zona». Según dicen estos senadores al presidente, Donald Trump, en una carta fechada el jueves, «la situación en Venezuela es demasiado peligrosa como para obligar a estas personas a volver a su país», ya que se asemeja a «una zona de guerra».
El Programa de Protección Temporal, que gestiona la fiscalía general del estado, fue creado en 1990 para impedir la deportación de personas cuyas vidas están amenazadas por el conflicto en su país. En este momento hay inscritos en él unas 350.000 personas de países como El Salvador, Honduras, Haití, Yemen, Siria y Somalia. La razón por la que sólo un republicano se ha unido a la petición es que la administración de Trump ha intentado extinguir el programa para reducir las concesiones de asilo a inmigrantes de Centroamérica. «Es una solución temporal pero necesaria para proteger a los venezolanos que se encuentran en nuestro país», dijo Rubio la semana pasada.
Hay venezolanos en 49 de los 50 estados de EE.UU., pero se concentran sobre todo en Florida, Tejas, Nueva York y California. Cada año, más de 100.000 solicitan asilo y las autoridades norteamericanas conceden a unos 10.000 la residencia permanente. Sólo unos 350 son extraditados en cada año natural, una cifra relativamente baja pero que podría incrementarse dadas las restricciones al asilo que Trump ha impuesto a inmigrantes procedentes del resto del continente americano.
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