En el extranjero, mientras tanto, miles de migrantes venezolanos se reunieron en plazas y bares a celebrar con banderas y trompetas la caída del mandatario al que responsabilizan de la crisis que los expulsó de su tierra.
El 2 de enero, el ejército estadounidense bombardeó —para muchos de manera ilegal— varios puntos del territorio venezolano y logró aprehender a Maduro tras enfrentamientos que dejaron decenas de muertos.
Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que trabajaría con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en busca de soluciones para Venezuela y para la poderosa pero decaída industria petrolera del país. Y desestimó a la oposición venezolana.
Rodríguez, hasta ahora una fiel escudera de Maduro, asumió la presidencia con el aval de las instituciones judiciales, políticas y, más importante, militares, aquellas que los venezolanos culpan por el deterioro de su calidad de vida, la precariedad de los servicios básicos y la pauperización del trabajo.
Pero Maduro, al menos, estaba esposado, derrotado. El presidente que se burló de los migrantes, que persiguió a la disidencia, que lideró la destrucción de una de las economías más pujantes de América Latina, al menos, había sufrido un castigo.
Y en las calles de Venezuela, allí donde por años la gente protestó hasta el hartazgo o hasta la detención policial en busca de un cambio, todo siguió su curso normal.
