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El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) emitió un fallo dividido 2-1 que respalda la política migratoria del expresidente Donald Trump, permitiendo la detención obligatoria de amplios grupos de inmigrantes sin derecho a audiencia de fianza mientras se resuelven sus procesos de deportación.
La decisión revierte órdenes de tribunales inferiores que habían considerado ilegal esta política, abriendo la puerta a la mayor expansión de detenciones migratorias en la historia reciente de EE. UU. Ahora la Corte Suprema podría tener la última palabra sobre la constitucionalidad del fallo.
El caso se centra en los llamados “solicitantes de admisión” bajo la sección 235(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), categoría que incluye tanto a quienes ingresan por la frontera sin inspección como a personas presentes en EE. UU. bajo parole humanitario, quienes ahora podrían quedar bajo custodia obligatoria aunque no tengan antecedentes penales y hayan vivido años en el país.
El fallo contradice una práctica de casi tres décadas, en la que administraciones republicanas y demócratas permitían a inmigrantes arrestados en el interior del país solicitar audiencias de fianza bajo la sección 236 de la ley. La interpretación del gobierno, impulsada por un memorando de Todd Lyons en julio de 2025, amplió la detención obligatoria a quienes defienden su permanencia frente a órdenes de deportación, no solo a los recién llegados en la frontera.
Organizaciones de derechos civiles alertan sobre el impacto humanitario, en un sistema ya tensionado por el hacinamiento en centros de detención, y señalan que miles de inmigrantes podrían verse afectados, incluyendo casos de personas que llevan años viviendo legalmente en EE. UU.
