Quién es la presa política Lenny Cruz Brache, excarcelada este 9 de octubre

Samuel J. Gómez

Estuvo detenida desde el 20 de octubre de 2025. Le negaron atención médica y estuvo varios meses en desaparición forzada. ONG pedía su libertad desde el pasado 13 de julio por su delicado estado de salud

La presa política Lenny Cruz Brache fue finalmente excarcelada este viernes 9 de octubre, informó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Su caso cobró resonancia por las denuncias de otras organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones, que desde julio pasado alertó sobre las condiciones de salud que enfrentaba y la negativa de concederle la libertad para recibir tratamiento médico.

A Cruz Brache la detuvieron el 20 de octubre de 2025 en Guasdualito, estado Apure, donde residía. A su vivienda llegaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que la relacionaron con el llamado caso «Pdvsa Obrero», en el que hasta un centenar de trabajadores de la estatal petrolera fueron apresados por expresar sus quejas ante las precarias condiciones laborales dentro de la principal industria económica del país.

En julio, el OVP recordó la obligación del Ministerio para el Servicio Penitenciario de brindar atención médica oportuna a las personas privadas de libertad. A ella la mantuvieron unos meses en Apure, pero posteriormente la trasladaron a la cárcel femenina de La Crisálida, en el estado Miranda. Es decir, a un lugar que estaba a 782 kilómetros de donde residía, lo que dificultaba la visita para sus familiares.

Desaparición forzada y negación de atención médica

No solo fue eso. La mantuvieron por varios meses en desaparición forzada hasta que desde la Dgcim le informaron que la mantenían en la penitenciaría femenina mirandina.

Antes de su detención, Cruz Brache tenía programa una intervención quirúrgica porque le estalló uno de sus implantes mamarios. Pese a esta condición, en ningún momento se le permitió la operación y su vida fue puesta en riesgo.

«A pesar de la gravedad de su estado, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Sus familiares denuncian que solo ha sido evaluada en dos ocasiones, limitándose a la realización de una ecografía mamaria. Hasta la fecha, Lenny no ha recibido la evaluación especializada de un mastólogo y, lo que resulta aún más preocupante, ni ella ni su familia han tenido acceso a los resultados de los exámenes médicos practicados», dijo el OVP el 13 de julio pasado.

Sin embargo, desde ese post y hasta su excarcelación pasaron casi tres meses para que obtuviera una medida cautelar; es decir, el proceso penal en su contra sigue abierto aunque pudo salir de La Crisálida.

La ONG también en ese momento dijo que las autoridades habían retenido sus informes médicos e impedido que sus médicos de confianza supieran del estado de salud en el que se encontraba.

Su caso no es el único en el que se niega atención médica oportuna a una persona presa política. Por ejemplo, a la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, que sufrió una caída y una fractura en uno de sus hombros, fue sometida a exámenes médicos tres meses después por un intenso dolor. Y pasaron cinco meses más para que la operaran, en medio de su reclusión entre febrero de 2024 y enero de 2026.

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