Un día después de su nefasta presentación en la ONU, donde exhibió su servilismo a Trump, el relevo temporal de Maduro llegó a Venezuela para cuestionar el uso excesivo del aire acondicionado tras dos jornadas corridas de apagones de hasta 12 horas en casi una veintena de estados. En febrero, 37 de cada 100 venezolanos avalaba su gestión. Desde entonces perdió al menos 12,4 puntos
La sumisión y el entreguismo de Delcy Rodríguez con Donald Trump, su desatino e ineficiencia en la manera de manejar crisis como la de los cortes eléctricos en Venezuela y un discurso en el que se desentiende de acciones que ella misma orquestó y formó parte del cinturón de miseria del régimen de Nicolás Maduro hunden a la encargada del interinato en el inicio del último trimestre de 2026.
Rodríguez registró un descenso drástico de su imagen como política luego de asumir la presidencia interina de Venezuela tras la caída del heredero político de Hugo Chávez el pasado 3 de enero.
La serie mensual Latam Pulse, elaborada por AtlasIntel en alianza con Bloomberg sitúa en 24,6 % el porcentaje de venezolanos que aprueba la manera de gobernar de Rodríguez, frente al 37 % registrado en febrero, lo que representa una baja del 12,4 % en tan solo seis meses de gestión.
La involución de estos resultados también se refleja en la valoración general del gobierno interino. Según los datos citados, la proporción de encuestados que califica la gestión como “mala o muy mala” aumentó de 33,5 % en febrero a 57,9 % en agosto. La medición de agosto fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre a 1.734 personas y tiene un margen de error de ±2 puntos porcentuales.
El deterioro de estos indicadores ocurre mientras el interinato enfrenta otros desafíos, entre ellos la situación económica y las demandas sobre el proceso de transición política.
Inflación y brecha cambiaria
En el tema económico la situación no mejora. La inflación mensual pasó de 6,3 % en mayo a 13,8 % en junio y 19,9 % en julio, según cifras del Banco Central de Venezuela. En agosto se desaceleró a 8,9 %, pero siguió siendo elevada. Reuters calculó que la inflación interanual alcanzó 534,21 % en agosto.
Ante esta situación expertos y economistas no dejaron pasar la oportunidad para mostrar su preocupación ante el incremento de la inflación en el país.
La inflación de Venezuela en agosto, un solo mes, sería superior a la inflación de todo un año de buena parte del planeta. Hay mejora, pero muy lejos de la normalidad que necesitamos”, comentó el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros.
Por su parte, la ONG liberal Cedice señaló que “bajo el supuesto de que el último trimestre de 2026 repita la estacionalidad habitual de fin de año, se estima una variación acumulada de inflación al cierre de este año de 695%-705%”.
El alza del dólar y la brecha cambiaria también se convierten problemas que no ha podido solucionar la cuasi funcionaria de Trump. Para finales de agosto, el dólar oficial cerró en 794,99 bolívares, con un aumento de 6,17 % solo durante ese mes y una subida acumulada de 163,79 % desde enero.
Asimismo, la divisa estadounidense presentó un aumento de 8,06 % en comparación con la última jornada hábil de agosto y un incremento acumulado de 188,14% en nueve meses para cerrar el mes de septiembre con un valor de 859,06 bolívares.
Por su parte, el euro, moneda utilizada como referencia para cancelar bienes y servicios en algunos comercios del país, terminará septiembre con una cotización de 973,31 bolívares por unidad. La divisa europea subió 5,64%, 0,84 puntos por debajo del alza del dólar, en septiembre, mientras que, en lo que va de 2026, ha escalado 177,10%.
Esto tiene un efecto directo sobre los ingresos obtenidos en bolívares, debido a que cuando el tipo de cambio aumenta, los salarios y bonos pierden capacidad de compra frente a bienes y servicios cuyos precios se ajustan a la cotización del dólar.
Aumento del ingreso y canasta familiar
El 30 de abril, Delcy Rodríguez anunció que el ingreso mínimo integral subiría a $240 mensuales. Sin embargo, el salario mínimo legal permaneció congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022.
El Gobierno confirmó posteriormente que los $240 no serían incorporados al salario base, sino que se entregarían mediante bonificaciones: $200 del bono contra la guerra económica y $40 correspondientes al cestaticket. El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, justificó que aumentar el salario directamente podía generar mayores presiones inflacionarias.
El precio de la Canasta Alimentaria Familiar en Venezuela alcanzó los 581.625,07 bolívares en agosto de 2026, equivalente a $755,36, según los datos del Centro de Documentación y Análisis Social para los Trabajadores (Cendas-FVM).
La cifra representa un aumento de 12,5% en bolívares y 3,8% en dólares frente a julio. En los últimos 12 meses, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el precio de la canasta aumentó 610,7% en moneda nacional y 33,8% en divisas.
En este sentido, una familia necesita el equivalente a 4.474,03 salarios mínimos durante agosto para adquirir los 60 productos incluidos en la Canasta básica, sin considerar el servicio de agua ni otros gastos esenciales.
Acuerdo con EE. UU. y apagones
El acuerdo petrolero firmado con EE. UU. puede presentarse como uno de los acuerdos económicos más importantes y controvertidos del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Con esta decisión, Venezuela concede derechos sobre 17 campos a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), vinculada al empresario, Alejandro Betancourt, mientras que el Gobierno estadounidense obtiene participación y derechos de control sobre la estructura empresarial.
El pacto fue anunciado por Donald Trump el 28 de agosto y presentado por la Casa Blanca como un acuerdo histórico para asegurar el acceso estadounidense al petróleo venezolano y contribuir a la recuperación económica del país.
Por su parte, Rodríguez afirmó que el acuerdo petrolero con Estados Unidos permitirá que el país preserve la “propiedad” y la “soberanía” sobre sus recursos, mientras que EE. UU. aportará el capital y la tecnología necesarios para incrementar la producción por encima de los 1.5 millones de barriles diarios
Rodríguez afirmó que el proyecto contempla más de $100.000 millones de inversión y que, tomando como referencia un precio de $65 por barril, Venezuela podría recibir unos $209.335 millones en impuestos durante el período del acuerdo.
Pese a ello, la crisis eléctrica en el país se intensifica con bajones o disminuciones repentinas del flujo, lo que conlleva a apagones diarios de hasta por seis horas, situación que ha generado diversas protestas en distintos rincones del territorio nacional.
Para calmar el malestar de la población, el gobierno interino anunció un plan para incorporar 1.300 megavatios al sistema eléctrico durante el último trimestre de 2026, con el objetivo de reducir los apagones que se han intensificado en las últimas semanas.
El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, informó que una unidad de la planta Centro, principal complejo de generación para el centro-occidente del país, entrará en funcionamiento en los próximos días y aportará 600 MW.
Asimismo, se incorporarán siete unidades que sumarán 500 MW para Zulia, uno de los estados más afectados por las fallas eléctricas. El resto de la generación será distribuida en otras regiones del país.
Alcalá atribuyó el aumento de la demanda a la recuperación de la actividad económica y a las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño. También señaló que los terremotos registrados en junio retrasaron trabajos de recuperación del sistema.
Presos políticos
Uno de los principales cuestionamientos a la gestión de Delcy Rodríguez en materia de derechos humanos es que las excarcelaciones no han supuesto la liberación total de los presos políticos.
En abril de 2026, Amnistía Internacional contabilizaba al menos 485 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, pese a la ley de amnistía aprobada en febrero. La organización señaló que numerosas solicitudes fueron rechazadas o posteriormente modificadas.
Para septiembre, organizaciones de derechos humanos seguían reportando más de 300 presos políticos, mientras que otras estimaciones elevaban la cifra a varios cientos.
Por su parte, informe presentado por la Misión de la ONU en septiembre concluyó que hubo «mejoras limitadas», pero que el aparato represivo del Estado permanece “intacto”. La misión examinó el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.
Escándalos por financiación irregular
En el plano internacional, la encargada del interinato se ha visto envuelta en diferentes escándalos por su presunta relación con un financiamiento irregular realizado Partido Socialista Obrero Español (Psoe).
El empresario Víctor de Aldama vinculó a Delcy Rodríguez con un supuesto sobre de Pdvsa que, según su versión, estaría relacionado con una presunta financiación irregular del Psoe. Rodríguez rechazó esas acusaciones y presentó una querella por injurias después de que Aldama no se retractara.
Por su parte, investigaciones de la Audiencia Nacional española analizan comunicaciones entre Aldama y Rodríguez relacionadas con operaciones de venta de crudo venezolano. La investigación busca determinar también si esas operaciones tuvieron alguna relación con una presunta financiación irregular del Psoe.
Fin del plazo constitucional
Delcy Rodríguez se mantiene ejerciendo funciones ejecutivas de facto, a pesar de que el límite constitucional máximo de 180 días de su interinato iniciado tras la captura de Nicolás Maduro en enero, venció el pasado 3 de julio.
De acuerdo con analistas políticos y expertos legales como la exmagistrada Blanca Rosa Mármol, el mandato interino previsto en la Constitución de 1999 ya expiró. Al no haberse convocado a elecciones dentro de los lapsos correspondientes, diversos sectores señalan una ruptura constitucional abierta.
La exmagistrada sostuvo que el vencimiento del período de interinato elimina el fundamento jurídico para que continúe una presidencia encargada.
Mármol afirmó que Venezuela enfrenta una situación excepcional debido a la ausencia de instituciones que actúen con plena independencia. En este sentido, propuso la creación de una junta de gobierno con carácter transitorio cuya finalidad sería asumir la conducción del Estado, promover la recuperación institucional y convocar elecciones organizadas por un organismo electoral que considere plenamente legítimo.