Las recientes declaraciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre presuntos jueces que estarían cobrando dinero para aplicar la Ley de Amnistía han desatado nuevas denuncias sobre una supuesta red de corrupción dentro del sistema judicial venezolano.
Rodríguez reconoció públicamente la existencia de irregularidades en la administración de justicia y aseguró haber solicitado actuaciones contra funcionarios señalados de lucrarse con el proceso. “Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar”, afirmó durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión.
En este contexto, fuentes vinculadas a denuncias judiciales aseguran la existencia de una presunta estructura conocida como “El Triángulo de la Corrupción”, que estaría operando dentro de tribunales para exigir pagos en dólares y criptomonedas a cambio de facilitar la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026.
De acuerdo con las acusaciones, los señalados serían el director general de Delitos Comunes del Ministerio Público, Luis Ernesto Dueñez Reyes; la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Carolina Molinos Rodríguez; y el juez Segundo Contra el Terrorismo, Carlos Liendo. Según las denuncias, esta presunta red habría establecido cobros que oscilarían entre 15.000 y 300.000 dólares por caso, dependiendo del perfil del imputado y la complejidad del expediente.
Los pagos, siempre según estas versiones, se exigirían en efectivo o mediante criptomonedas con el objetivo de evitar rastros financieros y posibles controles institucionales.
La Ley de Amnistía, presentada como un mecanismo de reconciliación política y liberación de personas detenidas por causas vinculadas a conflictos desde 1999, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos denuncian retrasos, discrecionalidad judicial y presuntos cobros ilegales para emitir boletas de excarcelación o notificaciones de libertad plena.
Diversas ONG advierten además que la aplicación de la ley no es automática y depende de decisiones judiciales caso por caso, lo que ha generado críticas por falta de transparencia y posibles espacios de corrupción en su implementación.
Las denuncias han generado indignación entre familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que la eventual monetización del proceso distorsiona el objetivo de la amnistía.
“La libertad no puede tener precio. Si alguien está cobrando por aplicar un beneficio legal, eso debe investigarse hasta las últimas consecuencias”, expresó un abogado consultado bajo anonimato.
Hasta el momento, ninguna autoridad judicial o del Ministerio Público ha anunciado investigaciones formales contra los funcionarios mencionados en las denuncias.
Mientras tanto, crece la presión pública sobre el Ejecutivo para que las declaraciones de Delcy Rodríguez se traduzcan en acciones concretas dentro del sistema de justicia venezolano.
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