El anuncio fue realizado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, como parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que las autoridades aseguran buscan enfrentar el deterioro acelerado de la economía nacional.
Durante más de seis décadas, el gobierno cubano mantuvo el monopolio casi absoluto sobre el comercio exterior, restringiendo a los ciudadanos las importaciones destinadas únicamente al consumo personal y persiguiendo numerosas actividades comerciales que hoy intenta legalizar.
Con la nueva medida, los cubanos podrán importar mercancías para su venta dentro del país, una práctica que durante años se desarrolló de forma informal a través de las conocidas “mulas”, convertidas en una pieza fundamental para suplir las carencias provocadas por el propio modelo económico estatal.
El reconocimiento tardío de una realidad
La decisión llega apenas dos meses después de que el régimen endureciera las regulaciones aduaneras mediante un nuevo Decreto-Ley que limitaba aún más la entrada de mercancías al país y prohibía expresamente la importación de productos destinados a terceros.
Ahora, en medio de una economía paralizada, con estantes vacíos, apagones diarios y una inflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de millones de cubanos, el gobierno se ve obligado a flexibilizar reglas que durante años defendió como esenciales para preservar el control estatal.
Para muchos economistas, la medida representa el reconocimiento implícito de que el Estado ha sido incapaz de garantizar el suministro de bienes básicos a la población.
Menos control estatal sobre el comercio exterior
Las reformas anunciadas también contemplan que empresas privadas y cooperativas puedan realizar operaciones de comercio exterior de manera directa, siempre bajo autorización gubernamental.
Asimismo, se eliminará la intermediación obligatoria de empresas estatales en determinadas operaciones de importación y exportación realizadas por actores económicos no estatales.
Se trata de una demanda histórica del sector privado cubano, que durante años ha denunciado retrasos, sobrecostos y obstáculos burocráticos impuestos por las entidades estatales encargadas de controlar el comercio exterior.
Aunque el régimen presenta estos cambios como una modernización económica, numerosos emprendedores consideran que llegan tarde, después de años de restricciones que limitaron el crecimiento de las mipymes y frenaron la inversión privada.
Una crisis que obliga a ceder terreno
Durante su intervención, Marrero admitió que Cuba atraviesa «el contexto más complejo desde el Período Especial», una afirmación que confirma el deterioro que vive el país.
La economía cubana acumula varios años de contracción, mientras la producción agrícola e industrial continúa cayendo, las exportaciones se reducen y cientos de miles de cubanos han emigrado buscando oportunidades fuera de la isla.
Aunque las autoridades continúan atribuyendo gran parte de los problemas a las sanciones estadounidenses, en los últimos meses han reconocido públicamente errores internos, excesiva burocracia y fallos estructurales que han contribuido al agravamiento de la crisis.
Para justificar las reformas, Marrero recurrió incluso a una frase pronunciada por Fidel Castro durante la crisis de los años noventa:
“La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca”.
La cita refleja el carácter reactivo de unas medidas que durante años fueron rechazadas por las autoridades y que ahora son presentadas como necesarias para evitar un mayor deterioro económico.
¿Apertura económica o medida de supervivencia?
Pese a la magnitud de los anuncios, el gobierno insiste en que las reformas no representan un cambio de rumbo político ni una renuncia al modelo socialista.
Sin embargo, la autorización de importaciones comerciales para personas naturales, la reducción del monopolio estatal sobre el comercio exterior y la ampliación del espacio para la iniciativa privada constituyen concesiones que hace apenas unos años habrían sido impensables dentro del discurso oficial.
Más que una apertura planificada, muchos observadores interpretan estas decisiones como medidas de supervivencia adoptadas por un régimen que enfrenta una combinación explosiva de crisis económica, descontento social, caída de la producción y una emigración masiva sin precedentes.
Mientras las autoridades hablan de «actualización» y «transformación», para millones de cubanos la verdadera prueba será comprobar si estos anuncios se traducen en más productos, menos escasez y mejores condiciones de vida, algo que las promesas gubernamentales no han logrado garantizar durante décadas.
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