La reciente ola de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela ha estado marcada por una profunda opacidad y un baile de cifras que, lejos de brindar alivio, ha profundizado la angustia de cientos de familias.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este martes, 13 de enero, que a la fecha se han producido más de 400 excarcelaciones. Según dijo, este proceso inició con un primer grupo de 160 personas el 23 de diciembre de 2025 y ha continuado como un “gesto unilateral” del gobierno con el fin de promover la “convivencia pacífica”.
Rodríguez hizo esta información luego del derecho de palabra del diputado suplente Luis Florido, quien mencionó que el Foro Penal maneja una cifra de 56 personas excarceladas a la fecha.
El jefe del Parlamento adoptó un tono hostil contra el Foro Penal, calificándolos de “mezquinos” y acusándolos, sin presentar pruebas, de cobrar dinero a los familiares por tramitar las liberaciones. “Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones, les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad”, afirmó.
Rodríguez afirmó que la lista de beneficiarios está a “total disposición” de los diputados, aunque dicha información no ha sido de acceso público general.
“Si usted quiere ver la lista, se la ponemos a la absoluta y total disposición y se acercan 400 personas al día de hoy, y van a continuar ocurriendo, no porque usted nos los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno”, dijo.
El Foro Penal ha mantenido un monitoreo constante que arroja cifras aún más conservadoras. En la mañana del 13 de enero, antes de las declaraciones del jefe del Parlamento, Alfredo Romero, presidente de la organización, informó que solo se habían podido verificar 56 presos políticos excarcelados. Romero enfatizó que, aunque el Gobierno insiste en la cifra de 116, la no publicación de los nombres mantiene a los detenidos y sus familiares en la “incertidumbre y la dolorosa expectativa”.
Foro Penal rechaza acusaciones de Rodríguez
Ante los ataques de Rodríguez, el Foro Penal emitió un comunicado oficial donde rechaza las acusaciones de supuestos cobros por sus servicios hacia los presos políticos. En el documento, la organización destaca los siguientes puntos fundamentales:
• Gratuidad y trayectoria: Desmienten que la ONG exija pagos, recordando que han brindado asistencia legal gratuita a más de 15,000 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante más de 23 años.
• Responsabilidad de la duda: Aclaran que las dudas sobre las identidades de los liberados no son un invento de la sociedad civil, sino consecuencia del incumplimiento del Estado en su obligación de informar de manera clara y transparente. Señalan que la opacidad solo sirve para generar angustia en los presos y sus familias.
• El rol de la documentación: Si bien reconocen que el Estado tiene las “llaves de las celdas”, afirman que ninguna excarcelación se habría producido sin el trabajo de registro y denuncia que las organizaciones han realizado por años.
• Cifras verificadas: El comunicado reitera que, a pesar del anuncio gubernamental de 116 personas, la organización solo ha podido confirmar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026.
Piden al gobierno publicar listado de presos políticos excarcelados
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón emitió un comunicado destacando la necesidad de manejar el proceso con honestidad y transparencia por respeto a las familias. La organización reveló que, tras un riguroso proceso de verificación, solo habían podido confirmar “poco más de 70 excarcelaciones” de las 116 anunciadas el 12 de enero por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Esta discrepancia no es nueva; la ONG recordó que el 25 de diciembre se informó de 87 excarcelaciones de las cuales solo corroboraron 77, y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se anunciaron 99, de las cuales solo se confirmaron 80. Para la organización, la falta de una lista oficial clara y accesible genera “confusión, angustia y falsas expectativas”, por lo que respaldaron la exigencia de que las autoridades publiquen los nombres de los liberados para evitar la revictimización.
