Las penalizaciones económicas acumuladas por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) contra ciudadanos en situación migratoria irregular alcanzaron los 84.000 millones de dólares durante los últimos 18 meses de gestión del presidente Donald Trump. De acuerdo con reportes difundidos por Fox News Digital, las autoridades federales han emitido un total de 103.000 multas civiles dirigidas a personas que han incumplido las órdenes definitivas de deportación o los plazos de salida voluntaria.
Del monto total impuesto por el DHS, la agencia ha logrado recaudar efectivamente más de 1.200 millones de dólares hasta la fecha. El mecanismo impone un cargo de 998 dólares diarios a cada individuo que permanezca dentro del territorio nacional tras la notificación oficial de expulsión. Como medida de presión adicional, el organismo ha advertido que el pago es de carácter obligatorio previo a cualquier proceso de salida y que mantiene la facultad legal de embargar propiedades y activos monetarios a quienes se nieguen a cancelar la deuda.
El despliegue de las sanciones se enmarca en la estrategia gubernamental orientada a fomentar la autodeportación a través de incentivos económicos y herramientas digitales como la aplicación móvil CBP Home. Según voceros del DHS, la promoción de la salida voluntaria representa un ahorro sustancial en comparación con los costos asociados a las detenciones prolongadas y los juicios de repatriación, permitiendo a los migrantes sin antecedentes penales conservar sus ingresos y evitar la cancelación permanente de sus opciones para optar legalmente a un estatus en el futuro.
Los balances oficiales de la administración destacan que las medidas de presión económica han influido de manera directa en el flujo migratorio del país. Estimaciones gubernamentales señalan que más de 3 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos en el último año, de los cuales 2,2 millones habrían salido de forma voluntaria para evitar el cobro acumulativo de multas y los subsecuentes arrestos.
Con la cifra de más de 900.000 deportaciones formales y un número similar de arrestos ejecutados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el DHS mantendrá el esquema punitivo de 998 dólares diarios como instrumento prioritario para acelerar la resolución de los casos pendientes.
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