Detrás de cada nombre hay una familia rota, un cuerpo sin sepultura, una madre esperando noticias que nunca llegan, y un Estado que ha elegido mirar hacia otro lado. Una tragedia nacional sepultada por la complicidad y el miedo.
Sus nombres no están en Granma. Ninguno de sus retratos aparece en la televisión nacional. No habrá una flor en la Plaza de la Revolución para Juan Raúl Pedroso Barrios, de apenas 23 años, muerto el 21 de junio de 2024.
Tampoco para Reinerio Roble Valencia, un hombre de 62 años que probablemente buscaba una última oportunidad económica para sus nietos.
Nadie leerá un obituario por Yoan Viondi Mendoza, fallecido meses antes de cumplir los 30, cuya familia tuvo que enterarse de su muerte por terceros, sin que la embajada cubana en Moscú moviera un solo dedo.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel —el mismo que declaró dos semanas de luto nacional por los escoltas muertos de Nicolás Maduro— no ha dicho una palabra sobre los 93 cubanos que han muerto bajo bandera rusa.
Ni un comunicado, ni una condolencia, ni un intento de repatriación de restos. Solo silencio. Un silencio infame.
¿Cómo es posible que tantos jóvenes hayan salido de Cuba con pasaportes recién emitidos, rumbo a una guerra extranjera, sin que el Estado —que controla cada trámite migratorio con obsesión enfermiza— haya activado alarma alguna?
¿Cómo pudo dejarse pasar una ola de solicitudes hacia Rusia sin preguntas, sin alertas, sin interferencias? La respuesta es clara y devastadora: lo sabían. Lo permitieron. Y, muy posiblemente, lo facilitaron.
En un país donde pedir un pasaporte exige justificar el viaje, donde salir del territorio nacional implica atravesar un aparato de control burocrático y policial, cientos —quizás miles— de cubanos emigraron legalmente hacia Moscú, firmaron contratos en ruso que no entendían, fueron enviados a bases militares en Riazán, Tula o Rostov, y terminaron empujados al frente de batalla como carne de cañón.
Algunos murieron en apenas semanas. El joven Leonel Duquesne Fundichely fue identificado por documentos entre los escombros, enterrado en una fosa común.
Denis Frank Pacheco Rubio, Raibel Palacio Herrera, Eduardo Montero Martínez, Yansiel Morejón Díaz: son nombres de personas que nunca volverán a sus hogares. Sus madres no tienen féretros que velar; solo la noticia filtrada por activistas ucranianos y reproducida por medios independientes.
Una investigación basada en los registros del proyecto “Quiero Vivir”, iniciativa del gobierno ucraniano para registrar soldados muertos y prisioneros, revela que al menos 23 cubanos murieron antes de cumplir los 4 meses de servicio.
Otros 30, en menos de un año. Firmaron creyendo que irían a trabajar como constructores. Terminaron portando fusiles en Zaporiyia, devorados por bombardeos en el Donbass. El promedio de edad: 40 años. Muchos dejaron hijos pequeños en la isla.
Y mientras eso ocurría, el régimen callaba. Calla aún. Ni una palabra sobre indemnizaciones. Ni una gestión diplomática para apoyar a los deudos. Ni un certificado de defunción. Cuba entierra a sus hijos en silencio, si caen bajo otra bandera.
¿Dónde está el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Dónde el Defensor del Pueblo? ¿Dónde las instituciones que deberían velar por los ciudadanos en el exterior? ¿O es que, al morir sirviendo a Rusia, estos jóvenes dejaron de ser cubanos?
La respuesta que se ha ofrecido —el relato de que todo es “una operación ilegal” ya desarticulada— es una insulto a la verdad.
En septiembre de 2023, el MININT anunció la detención de 17 personas involucradas en una supuesta red de reclutamiento. Nunca supimos sus nombres. Nunca hubo juicio público. Nunca se ofrecieron pruebas. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Se archivó para proteger a los verdaderos responsables?
Mientras tanto, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla insiste en que Cuba no participa en el conflicto, a pesar de que el embajador cubano en Moscú, Julio Garmendía Peña, llegó a declarar públicamente que su país “no se oponía” a que sus ciudadanos sirvieran en el ejército ruso. Las contradicciones son tan grotescas como reveladoras.
La política exterior de La Habana se alinea sin pudor con los intereses del Kremlin. Ha votado en contra de resoluciones de la ONU que condenan la invasión rusa. Ha defendido con lenguaje ideológico las posiciones de Moscú. Pero en ningún momento ha defendido a sus propios ciudadanos muertos. Ni uno.
El daño no es solo geopolítico o diplomático. Es un cáncer social. Los jóvenes cubanos —adoctrinados, desinformados, atrapados en la pobreza y la desesperanza— son presa fácil de estos reclutamientos. El silencio oficial normaliza el horror, deshumaniza el dolor, y perpetúa la impunidad.
Un gobierno que se dice revolucionario, antiimperialista, defensor de la dignidad humana, no puede ignorar la muerte de sus hijos en un conflicto ajeno. Si lo hace, si calla, si lo oculta, entonces deja de ser un Estado protector y se convierte en cómplice criminal.
Los muertos no regresan. Pero el dolor de sus familias está vivo. En Santiago, Matanzas, Villa Clara o Guantánamo, hay madres que todavía esperan una llamada. Hay niños que no saben por qué papá no vuelve. Hay hogares vacíos y silencios más pesados que la tumba.
El régimen cubano debe responder. Debe mirar de frente. Debe dejar de esconder a sus muertos. Porque un Estado que no honra a sus caídos, que no cuida a sus vivos, que exporta su juventud para alimentar guerras ajenas, no tiene derecho a hablar de soberanía ni de justicia social.
Y porque estos 93 cubanos merecen algo más que el olvido: merecen transparencia, verdad, y justicia.
