No fue una sentencia más. La decisión de la jueza Verónica Noemí Giardinella Martorelli, en el Palacio de Justicia de Monagas, devolvió a la escena un expediente que toca una de las fibras más sensibles del poder en Venezuela: la seguridad de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. Seis años después de las detenciones, siete de ocho acusados fueron condenados por la supuesta planificación de su secuestro, en un proceso que combinó acusaciones de terrorismo, referencias a una recompensa ofrecida por Estados Unidos y serias dudas sobre la consistencia de las pruebas.
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