En 2011 la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se anunció como una solución definitiva a la crisis carcelaria. Bajo el discurso oficial de “humanizar el sistema” y formar a una nueva persona, la realidad tomó un rumbo opuesto, las cárceles venezolanas se convirtieron en escenarios de abandono y en la consolidación del poder del pranato e impunidad.
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