Esta semana, un juez federal de California permitió a los funcionarios compartir cierta información de Medicaid, incluidas direcciones y números de teléfono, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a esa agencia en sus esfuerzos por identificar, arrestar y deportar a inmigrantes sospechosos de vivir ilegalmente en Estados Unidos.
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