En Caraballeda, una de las principales localidades costeras del estado La Guaira, el terremoto no hizo distinciones entre clases sociales. Edificios residenciales, complejos de vivienda pública y urbanizaciones cercanas a la marina quedaron reducidos a escombros tras los fuertes sismos, dejando a miles de familias sin hogar y obligadas a comenzar de nuevo.
La emergencia ha dejado alrededor de 17.000 personas desplazadas, mientras la cifra oficial de fallecidos supera los 3.600. Para quienes lograron sobrevivir, el desafío inmediato es encontrar un lugar donde vivir, en medio de cuestionamientos a la respuesta gubernamental y a la incertidumbre sobre los planes de reubicación.
En Venezuela, según el reporte de AP, el acceso a una vivienda ha representado históricamente una de las principales metas familiares. Durante décadas, distintos programas estatales impulsaron la construcción de urbanismos, mientras que muchas familias levantaron sus propias casas o adquirieron inmuebles aprovechando las condiciones del mercado, incluso durante los años de crisis económica.
Carlos Ortega conoce de cerca esa realidad. Más de una década atrás, varios de sus familiares recibieron apartamentos en Caraballeda luego de haber perdido sus hogares por un deslave. “Era su hogar, su casa. Era una felicidad enorme cuando le asignaron estas casas aquí“, recordó. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear a la familia. “Imagínese, le dieron su casa después de perderlo todo, pero ahora lo perdieron todo, hasta la vida“, lamentó.
De los hermanos de Ortega, solo uno sobrevivió al desplome de las torres residenciales. Además, uno de sus hijos permanece desaparecido desde el día del desastre, pese a que al momento del sismo se encontraba trabajando fuera del edificio. Desde entonces, la familia lo ha buscado en hospitales, refugios y campamentos temporales instalados en distintos puntos del estado.
Mientras continúan las labores de remoción de escombros, el contraste entre las zonas afectadas resulta evidente. En las inmediaciones de clubes náuticos y edificios residenciales de mayor poder adquisitivo, rescatistas trabajan entre estructuras colapsadas mientras familiares esperan noticias de sus seres queridos.
Especialistas sostienen que durante décadas distintos gobiernos promovieron proyectos habitacionales en sectores cercanos a urbanizaciones de mayores ingresos con el objetivo de favorecer la integración urbana. Sin embargo, algunos analistas cuestionan que muchas de las viviendas construidas mediante programas estatales nunca otorgaron títulos de propiedad a sus ocupantes, una situación que, aseguran, incrementa la vulnerabilidad de los beneficiarios frente a decisiones gubernamentales.
Hasta ahora, las autoridades no han informado un cronograma para la reconstrucción de las viviendas destruidas. Entretanto, imágenes satelitales indican que miles de estructuras sufrieron daños en Catia La Mar y otras zonas de La Guaira, donde la combinación de edificaciones antiguas, construcciones vulnerables y las condiciones geológicas agravó el impacto de los terremotos.
En los refugios improvisados comienza una nueva rutina para cientos de familias. Benito Mantilla, de 68 años, vive en una carpa instalada en el estacionamiento de una farmacia luego de que su vivienda quedara inhabitable y su taller mecánico resultara afectado. Aunque su esposa viajó a República Dominicana tras la tragedia, él decidió permanecer en Venezuela para intentar recuperar su fuente de ingresos.
Otros damnificados esperan una pronta respuesta oficial. Caryudedi González, cuya vivienda quedó parcialmente destruida al ceder un terreno, mantiene la esperanza de poder repararla. “En muchos países es muy difícil tener una casa propia y aquí nos esforzamos tanto por tener lo nuestro”, expresó, convencida de que aún es posible reconstruir el patrimonio que levantó con años de esfuerzo.
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