La Administración de Donald Trump habría solicitado proteger judicialmente a Delcy Rodríguez ante un tribunal federal de Miami, aunque la medida no representa una absolución definitiva y estaría condicionada a que continúe como jefa de Estado reconocida por Estados Unidos.
Según una investigación publicada por ABC, la Casa Blanca habría gestionado una inmunidad limitada para Rodríguez dentro de un proceso civil relacionado con denuncias de ciudadanos estadounidenses que alegan haber sido víctimas de secuestro, detención arbitraria y torturas por organismos de seguridad venezolanos.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó una declaración formal ante el juez Darrin Gayles, argumentando que Washington reconoce a Rodríguez como jefa de Estado desde el pasado 5 de marzo y que, mientras ejerza ese cargo, no podría ser sometida a la jurisdicción de tribunales estadounidenses.
La solicitud no implica que Estados Unidos haya declarado inocente a la dirigente venezolana. La figura planteada permitiría que las reclamaciones sean desestimadas “sin perjuicio”, lo que abre la posibilidad de que puedan retomarse si Rodríguez abandona el poder.
De acuerdo con fuentes citadas por ABC, la estrategia de Washington estaría vinculada a un proceso de transición política en Venezuela. La Administración Trump consideraría a Rodríguez una figura clave para mantener la estabilidad interna, garantizar las exportaciones petroleras y conducir al país hacia unas eventuales elecciones.
El medio español señala que dentro de la Casa Blanca comienza a tomar fuerza la posibilidad de que los comicios presidenciales venezolanos se celebren en aproximadamente un año, tras presiones de sectores del Congreso estadounidense.
La protección judicial ocurre mientras Rodríguez mantiene otros posibles frentes legales abiertos. Según ABC, su nombre ha aparecido durante años en investigaciones de agencias estadounidenses relacionadas con presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y operaciones vinculadas al sector petrolero venezolano, aunque no existe una acusación formal pública en su contra.
La demanda civil en Miami también involucra a otros dirigentes venezolanos. Un juez ya había concedido una compensación superior a los 314 millones de dólares contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Alex Saab y otros funcionarios que no comparecieron en el proceso.
Sin embargo, la medida de protección no alcanzaría al resto de la cúpula chavista. Cabello y otros dirigentes continúan enfrentando acusaciones en Estados Unidos relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico y corrupción.
La relación entre Washington y Rodríguez ha cambiado desde la captura de Nicolás Maduro, según el reporte. Mientras inicialmente Trump lanzó advertencias contra la dirigente venezolana, posteriormente habría establecido canales de cooperación relacionados con petróleo, seguridad y estabilidad política.
En ese contexto, Rodríguez habría permitido acuerdos energéticos con Estados Unidos, el retorno de funcionarios estadounidenses y ajustes dentro de su gabinete, mientras Washington mantiene la presión para que avance un proceso electoral.
La oposición venezolana, según ABC, cuestiona que la Casa Blanca mantenga temporalmente a una figura vinculada al chavismo como parte de la transición, aunque sectores opositores reconocen que la estrategia estadounidense apunta a una salida gradual mediante negociaciones.
El futuro político de Rodríguez dependería, según la publicación, de su capacidad para garantizar estabilidad, avanzar hacia elecciones y mantener los compromisos adquiridos con Washington. La inmunidad otorgada funcionaría como una protección temporal, pero también como un mecanismo de presión para evitar una ruptura con Estados Unidos.
About The Author
