A pesar de más de un siglo de consenso sobre que la 14ª Enmienda otorga la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos, el Gobierno de Trump dijo a la Corte Suprema que esa interpretación era “errónea” y que esa visión se volvió “generalizada, con consecuencias destructivas”.
“Las decisiones de los tribunales inferiores invalidaron una política de máxima importancia para el presidente y su Gobierno, de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”, dijo el procurador general D. John Sauer, principal abogado de apelaciones del Gobierno, en el recurso presentado ante la Corte Suprema. “Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no calificadas”.
CNN revisó una copia del recurso, que aún no ha sido registrado oficialmente en la Corte Suprema.
Aunque la Corte Suprema emitió en junio una decisión importante relacionada con la ciudadanía por derecho de nacimiento, ese caso se centró técnicamente en una cuestión más procesal: cuánta autoridad tienen los tribunales inferiores para frenar una política implementada por un presidente. Por mayoría de 6-3, la Corte esencialmente limitó —pero no descartó por completo— el poder de los tribunales para bloquear esas políticas.
Esa decisión llevó a estados e individuos que impugnaban el decreto de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento a presentar nuevos casos para intentar frenar la política por otras vías, incluidas demandas colectivas. La Corte Suprema permitió implícitamente que esos otros tipos de bloqueos a nivel nacional continuaran.
Una serie de nuevos fallos han mantenido la política de Trump en suspenso, y ahora el Gobierno pide a los jueces que tomen esos casos para resolver el asunto de manera definitiva.
