La designación por parte de Estados Unidos del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas entró oficialmente en vigor el pasado viernes 5 de junio.
La decisión oficial fue publicada ese mismo día en el Registro Federal, el Boletín Oficial estadounidense. El documento está firmado por Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
La medida otorga a las facciones brasileñas el mismo estatus jurídico que a los grupos que, desde hace más de un año, son objeto de duras intervenciones de Washington en América Latina, como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en México; el Tren de Aragua, en Venezuela; y el Clan del Golfo, en Colombia.
Otra decisión publicada el pasado viernes en el Registro Federa y firmada también por Rubio permite que se congelen sin previo aviso los bienes y activos de personas vinculadas al PCC y al CV que se encuentren bajo la jurisdicción de EE.UU.
Asimismo, prohíbe las transacciones financieras entre personas o empresas estadounidenses y estas organizaciones, y prevé sanciones contra personas o entidades que presten apoyo material, financiero o logístico a dichos grupos.
Según los expertos consultados por BBC News Brasil, salvo en el caso de Venezuela, la designación como organización terrorista no ha supuesto, al menos hasta ahora, un debilitamiento de estas organizaciones ni una disminución de la delincuencia.
Sin embargo, la clasificación ha supuesto, en algunos casos, penas más severas para los delincuentes capturados y extraditados a Estados Unidos y, sobre todo, sanciones económicas específicas y un control mucho más riguroso de las transacciones financieras de los grupos en EE.UU. y con empresas que tienen vínculos en territorio estadounidense.
En México, donde seis facciones criminales recibieron la designación en febrero de 2025, la presión diplomática sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha intensificado en los últimos meses, con la imputación de diez funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, incluido el propio gobernador, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el poderoso Cartel de Sinaloa.
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