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Un tribunal federal de Massachusetts otorgó una medida cautelar de emergencia para suspender la aplicación de nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que amenazaban con retirar los permisos de trabajo a miles de beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo.
La sentencia mantiene su vigencia durante el desarrollo del litigio y frena los efectos normativos derivados de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act. La medida legal evita que los beneficiarios del TPS pierdan su permiso para trabajar legalmente a partir del 22 de julio, informó la organización Democracy Foward, que logró acceder a la sentencia.
Asimismo, el fallo también protege a los solicitantes de asilo ante la cancelación de sus autorizaciones laborales y el rechazo de sus expedientes sin el debido procedimiento formal.
Organizaciones demandantes y argumentos
La demanda fue interpuesta de forma conjunta por la Asociación Venezolana de Massachusetts, la Alianza Nacional TPS, el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (ASAP), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la seccional 32BJ SEIU. La representación legal del colectivo está a cargo de las organizaciones Democracy Forward, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y ASAP.
Las entidades demandantes cuestionan las medidas de USCIS por establecer trabas administrativas sin previo aviso ni debido proceso. Tras conocerse el dictamen, la coalición y sus asesores legales expresaron en un comunicado conjunto:
“Esta decisión protege a miles de solicitantes de asilo y titulares de TPS de un daño inmediato e irreparable mientras avanza este caso. Sin este alivio, las familias que han cumplido con la ley y han confiado en protecciones humanitarias de larga data se enfrentaban a la pérdida repentina de su autorización de empleo y de su capacidad para mantenerse por sí mismas sin culpa alguna”, expresó la coalición.
Las organizaciones agregaron además que los solicitantes de asilo enfrentaban el rechazo de sus solicitudes de alivio, por lo que la orden, según señalan, brinda protección mientras el tribunal considera las serias cuestiones legales presentadas en este caso.
“Seguimos comprometidos a garantizar que las personas que buscan seguridad y las protegidas por el TPS reciban el proceso legal que el Congreso garantizó y que estas políticas ilegales queden anuladas permanentemente“, concluyó la coalición.
El expediente se tramita bajo la denominación Asociación Venezolana de Massachusetts y otros contra USCIS, entre otros.
