En encuentros separados, agentes federales de inmigración en Minneapolis mataron a Renée Good y Alex Pretti en enero de 2026.
Poco después de la muerte de Pretti, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que había cometido un “acto de terrorismo doméstico”. Noem hizo la misma acusación contra Good.
Pero la etiqueta de “terrorismo doméstico” no es un sinónimo genérico del tipo de violencia con carga política que Noem alegó que ambos cometieron. La ley estadounidense describe el término como una idea específica: actos peligrosos para la vida humana que parecen tener la intención de intimidar a la población civil, presionar la política gubernamental o influir en la conducta del gobierno mediante medios extremos. La intención es el punto clave.
Por mi experiencia dirigiendo analistas antiterroristas en la CIA y en el Centro Nacional de Contraterrorismo, sé que la etiqueta de terrorismo —doméstico o internacional— es un juicio que se aplica solo después de evaluar la intención y el contexto. No debe usarse antes siquiera de que haya comenzado una investigación. Las determinaciones de terrorismo requieren disciplina analítica, no rapidez.
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Evidencia antes que conclusiones
En el primer ciclo informativo, los investigadores pueden conocer los detalles básicos de lo ocurrido: quién disparó, quién murió y, de manera general, qué pasó. Por lo general no conocen el motivo con la suficiente confianza como para declarar que existe intención coercitiva —el elemento que separa el terrorismo de otros delitos graves—.
El Servicio de Investigación del Congreso, que proporciona análisis de políticas al Congreso, hace una observación relacionada: aunque el término “terrorismo doméstico” está definido en la ley, no constituye en sí mismo un delito federal independiente. Esa es parte de la razón por la que el uso público del término puede adelantarse a la realidad legal e investigativa.
Esta dinámica —la tentación de cerrar una narrativa antes de que la evidencia lo justifique—, vista más recientemente en las afirmaciones de la secretaria de Seguridad Nacional, refleja ideas de larga data en los estudios de inteligencia y en los estándares analíticos formales.
Los estudios de inteligencia hacen una observación sencilla: los analistas y las instituciones enfrentan una incertidumbre inherente porque la información suele ser incompleta, ambigua y susceptible de engaño.
En respuesta, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos codificó estándares analíticos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Estos estándares enfatizan la objetividad, la independencia de la influencia política y la articulación rigurosa de la incertidumbre. El objetivo no era eliminar la incertidumbre, sino acotarla mediante métodos disciplinados y supuestos transparentes.
Cuando la narrativa supera a la evidencia
La etiqueta de terrorismo se vuelve riesgosa cuando los líderes califican públicamente un incidente como “terrorismo doméstico” antes de poder explicar qué evidencia respalda esa conclusión. Al hacerlo, invitan a dos problemas previsibles.
El primer problema es institucional. Una vez que un alto funcionario declara algo con certeza categórica, el sistema puede sentir presión —a veces sutil, a veces abierta— para validar el titular.
En incidentes de alto perfil, la respuesta opuesta, la cautela institucional, puede percibirse fácilmente como evasión, una presión que puede impulsar declaraciones públicas prematuras. En lugar de comenzar con preguntas —“¿Qué sabemos?” “¿Qué evidencia cambiaría nuestra opinión?”—, investigadores, analistas y comunicadores pueden encontrarse defendiendo la narrativa de un superior.
El segundo problema es la confianza pública. Las investigaciones demostraron que la propia etiqueta de “terrorista” moldea la forma en que el público percibe la amenaza y evalúa las respuestas, independientemente de los hechos subyacentes. Una vez que el público empieza a ver el término como una herramienta de mensaje político, puede restar credibilidad a futuros usos del término, incluso en casos en los que la intención coercitiva realmente exista.
Una vez que funcionarios y comentaristas se comprometen públicamente con una versión antes de evaluar la intención y el contexto, el sesgo de confirmación —interpretar la evidencia como confirmación de creencias preexistentes— y el anclaje —la dependencia excesiva de información previa— pueden moldear tanto la toma de decisiones internas como la reacción pública.
El costo a largo plazo del uso indebido
Esto no es solo una disputa semántica entre expertos. La mayoría de las personas tienen un archivo mental de “terrorismo” moldeado por la violencia masiva y la focalización ideológica explícita.
Cuando los estadounidenses escuchan la palabra “terrorismo”, probablemente piensan en el 11-S, el atentado de Oklahoma City de 1995 o ataques destacados en el extranjero, como los atentados de Londres de 2005 y el ataque antisemita de diciembre de 2025 en Sídney, donde la intención era clara.
En contraste, la experiencia más común de violencia en Estados Unidos —tiroteos, agresiones y enfrentamientos caóticos con las fuerzas del orden— suele ser tratada por los investigadores, y entendida por el público, como homicidio o violencia dirigida hasta que se establece el motivo. Ese hábito público refleja una secuencia de sentido común: primero determinar qué ocurrió, luego decidir por qué, y después decidir cómo categorizarlo.
Las agencias federales de Estados Unidos publicaron definiciones estándar y terminología de seguimiento para el terrorismo doméstico, pero las declaraciones públicas de altos funcionarios pueden adelantarse a la realidad investigativa.
Los casos de Minneapolis ilustran lo rápido que puede producirse el daño: los primeros informes y el material documental divergieron rápidamente de los relatos oficiales. Esto alimentó acusaciones de que la narrativa fue moldeada y las conclusiones se tomaron antes de que los investigadores reunieran los hechos básicos.
Aunque funcionarios de la administración Trump posteriormente se distanciaron de las afirmaciones iniciales de terrorismo doméstico, las correcciones rara vez llegan tan lejos como la afirmación original. La etiqueta se queda, y el público termina discutiendo sobre política en lugar de sobre evidencia.
Nada de esto minimiza la gravedad de la violencia contra funcionarios ni la posibilidad de que un incidente finalmente cumpla con la definición de terrorismo.
El punto es la disciplina. Si las autoridades tienen evidencia de intención coercitiva —el elemento que hace que el “terrorismo” sea distinto—, harían bien en decirlo y mostrar lo que pueda mostrarse de manera responsable. Si no la tienen, podrían describir el hecho con un lenguaje investigativo ordinario y dejar que los hechos maduren.
Una etiqueta de “terrorismo doméstico” que llega antes de los hechos no solo corre el riesgo de ser incorrecta en un caso concreto. Enseña al público, caso por caso, a tratar el término como propaganda en lugar de diagnóstico. Cuando eso ocurre, la categoría se vuelve menos útil precisamente cuando el país más necesita claridad.
*Brian O’Neill es profesor de Práctica de Asuntos Internacionales del Instituto Tecnológico de Georgia.
