Mientras el Congreso de los Estados Unidos se sumerge en un nuevo cierre del Gobierno federal, paralizando agencias clave como el Departamento de Seguridad Nacional de Kristin Noem y dejando en el aire el presupuesto nacional, la maquinaria de deportación no se detiene. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés, aunque afectado, no cesa del todo las operaciones.
Y es que para la comunidad venezolana, el «sueño americano» que construyeron con sudor y confianza se ha transformado, de la noche a la mañana, en una pesadilla burocrática y humanitaria.
El grado de tensión para muchas familias es cruento. Los padres tratan de maquillar la realidad para que los niños no se percaten del horror que están viviendo, y la amenaza latente de que, en cualquier momento, funcionarios del temido ICE lancen gases lacrimógenos incluso dentro de sus hogares, una práctica que contraviene protocolos de seguridad propios de los Estados Unidos.
Hay familias que han denunciado, y como es natural, cuentan, entre lágrimas que están sufriendo un daño descomunal «físico y psicológico».
Un documento recogido por reportes del Diario El País de España describe que “los niños que viven en Gray’s Landing (Portland) se han acostumbrado a que armas de guerra exploten afuera de sus hogares”, y que algunos de ellos “duermen en armarios para reducir la exposición al gas que entra por los espacios en sus ventanas”.
El cierre del Gobierno, tras el frenazo en el Senado, ha dejado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) operando bajo mínimos, pero con una excepción notable: el ICE, que tiene una partida presupuestaria de 75,000 millones de dólares aprobada en 2025 para un plan de cuatro años.
Esta agencia que se convirtió en el peor elemento de persecución, aunque impactada como parte del DSH, mantendría su operatividad mientras los tribunales de inmigración y las oficinas de servicios ciudadanos (USCIS) ralentizan sus procesos, dejando a miles de familias sin vías legales para defender su permanencia.
600,000 almas en el limbo: El fin del TPS
La tragedia tiene una cifra fría: 600,000. Ese es el número de venezolanos que, tras la decisión de la administración de no renovar o revocar las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS), han quedado en una «ilegalidad instantánea». Según fuentes de Univisión y reportes de USCIS, aquellos que despertaron confiados en su permiso de trabajo y su protección contra la deportación, hoy enfrentan órdenes de salida o el riesgo inminente de detención.
El Gobierno de Trump les ofrece 2 mil 600 dólares por autodeportarse.
Muchos de estos venezolanos llegaron a Estados Unidos creyendo en la promesa de una «tierra de libertad». Son familias trabajadoras, dueños de pequeños negocios, profesionales de la salud y contribuyentes que, solo en impuestos federales y locales, aportan una parte de los 60,000 millones de dólares anuales que los inmigrantes indocumentados inyectan a las arcas estadounidenses.
La trampa de retorno: «No habrá amnistía»
El miedo a la deportación no es solo por lo que dejan atrás, sino por lo que les espera.
En Caracas, el panorama es aterrador. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha sido tajante al cerrar las puertas de la reconciliación.
«Al declararse perseguido político, podría o no estar sujeto a esta ley. Entonces, necesariamente, tenemos que separar el trigo de las mieses, el trigo de las pajas”.
Rodríguez aseguró que el proceso excluye a quienes el régimen considere responsables de «traición» o «crímenes contra la paz». Dijo que él mismo tuvo acceso a planillas que rellenaron venezolanos en su búsqueda de protección en norteamérica: «Hay hasta una planilla donde dicen: ‘soy perseguido político del régimen de Nicolás Maduro’. Yo he visto esa planilla», apuntó.
Para un venezolano que huyó de la persecución, ser deportado hoy significa regresar a un país donde el mismo Estado que los expulsó ya les ha advertido que no habrá perdón.
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