Un grupo de 137 venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos al CECOT, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, podría ser devuelto a territorio estadounidense si así lo ordena un juez federal, reconoció el Departamento de Justicia (DOJ) durante una audiencia celebrada este lunes en Washington.
En diciembre, el juez federal James Boasberg, del Distrito de Columbia, concluyó que el Gobierno no debió enviarlos a El Salvador y que a los detenidos se les negó el debido proceso.
En ese fallo, ordenó a las autoridades facilitar su regreso a Estados Unidos o, en su defecto, garantizar audiencias judiciales para revisar cada caso de manera individual.
Durante la audiencia de este lunes, Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sostuvo que el derecho al debido proceso implica permitir a sus clientes regresar de inmediato a Estados Unidos para una audiencia, participar en procedimientos remotos o, al menos, presentar recursos de hábeas corpus por escrito.
Según explicó, algunos de los exdetenidos ya lograron salir de Venezuela y se encuentran en terceros países, mientras que otros permanecen dentro del país sudamericano, en un contexto de inestabilidad.
Para quienes siguen en Venezuela, Gelernt consideró que la vía más realista es iniciar el proceso mediante presentaciones escritas, dadas las dificultades logísticas y de seguridad, de acuerdo con NBC News.
El abogado insistió en que sus clientes fueron expulsados sin una evaluación adecuada y sin pruebas que los vincularan con actividades criminales.
El caso Ábrego
Boasberg presionó al representante del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, para que explicara por qué los 137 venezolanos no deberían recibir un trato similar al de Kilmar Abrego García, un migrante que fue deportado por error y cuyo regreso fue ordenado previamente por la Corte Suprema para restituirlo a su situación original.
“Si el tribunal lo ordenara, podríamos hacerlo”, respondió Davis, según NBC News, al admitir que el Gobierno puede facilitar el retorno de los venezolanos. No obstante, señaló que coordinar audiencias remotas sería la peor opción, por obstáculos legales, jurisdiccionales y prácticos.
Añadió que la administración preferiría que los afectados se presenten en un puerto de entrada de Estados Unidos, opción que describió como “la menos problemática”.
Ambas partes coincidieron en que, si los venezolanos llegan a un puerto de entrada, no quedarían en libertad. Serían puestos bajo custodia de las autoridades estadounidenses y sus procesos migratorios continuarían caso por caso, aclaró el abogado del DOJ.
El juez Boasberg adelantó que tomará una decisión sobre los próximos pasos del Gobierno en el transcurso de la próxima semana.
Los hombres permanecieron cuatro meses recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel salvadoreña conocida por sus condiciones extremas.
Fueron deportados en marzo del año pasado tras una decisión de la administración Trump de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, y regresaron a Venezuela en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países.
Desde entonces, varios han denunciado abusos físicos y psicológicos durante su detención.
