Existe una narrativa que se ha repetido con tanta frecuencia en ciertos círculos políticos, académicos y mediáticos que ha adquirido apariencia de verdad: «Venezuela no está preparada para las elecciones». Esta frase suele presentarse como una conclusión técnica, cuando en realidad constituye una simplificación de una crisis mucho más compleja. El problema venezolano, a pesar de los sucesivos fraudes y la manipulación del voto, nunca ha sido exclusivamente electoral. Ha sido, y sigue siendo, un problema de poder, de capacidad institucional y, sobre todo, de control del Estado.
Los venezolanos ya han demostrado estar listos para votar. Lo hicieron nuevamente el 28 de julio de 2024, cuando millones de ciudadanos acudieron a las urnas convencidos de que el voto seguía siendo el instrumento legítimo para expresar la soberanía popular. Ese día se confirmó la existencia de una ciudadanía comprometida con la democracia y la capacidad operativa para llevar a cabo un proceso electoral. El debate posterior no giró en torno a la posibilidad material de votar, sino en torno a una cuestión mucho más trascendental: si la voluntad expresada por los ciudadanos sería respetada por quienes ejercieran efectivamente el poder.
Esa distinción no es insignificante, ya que organizar unas elecciones es una cosa; asegurar que sus resultados produzcan una transferencia real del poder político es otra muy distinta. Robert Dahl advirtió que una democracia no se define únicamente por la existencia de elecciones, sino por la posibilidad efectiva de que la voluntad de los ciudadanos determine quién gobierna. Cuando esa condición desaparece, las elecciones pierden parte de su función democrática y se convierten en un mecanismo insuficiente para resolver la lucha por el poder.
Ahí radica precisamente el error en gran parte del debate internacional sobre Venezuela. Durante años, la discusión se ha centrado en los calendarios electorales, la observación internacional y las condiciones de votación, mientras que el verdadero núcleo del problema ha permanecido prácticamente intacto. La crisis venezolana no puede entenderse únicamente a través de la ciencia política electoral; también debe analizarse desde la teoría del Estado, la seguridad nacional y la gobernanza democrática.
El Estado moderno y el monopolio de la fuerza
El Estado moderno se fundamenta en un principio esencial formulado por Max Weber: el monopolio legítimo de la fuerza. Este monopolio no es un privilegio del gobierno de turno; pertenece al Estado y se ejerce de conformidad con la Constitución a través de instituciones profesionales encargadas de garantizar la seguridad, el orden público y la defensa nacional. Cuando estas instituciones dejan de responder principalmente al interés general y comienzan a servir a un proyecto político, el Estado de derecho inicia un proceso de degradación progresiva. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela durante las últimas dos décadas. La crisis no comenzó con un conflicto electoral, ni terminará únicamente con otras elecciones, porque el deterioro institucional ha sido resultado de un proceso prolongado de captura del aparato estatal, especialmente de las instituciones responsables de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza: las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales, que han sido progresivamente capturadas institucionalmente durante un período de poco más de dos décadas.
Sin embargo, incluso esa explicación resulta insuficiente. Hablar únicamente de “captura institucional” describe el fenómeno, pero no explica completamente su verdadera dimensión. Lo ocurrido en Venezuela ha evolucionado hacia un modelo mucho más complejo que trasciende el autoritarismo clásico y requiere la incorporación de nuevas categorías analíticas. Más que un Estado simplemente capturado, Venezuela presenta características de un sistema de gobernanza híbrido, en el que las instituciones formales coexisten con redes informales de poder político, económico, militar y criminal que interactúan, se protegen mutuamente y condicionan el funcionamiento del propio Estado. Bajo este modelo, ciertas organizaciones dejan de operar simplemente al margen de la ley y se convierten en componentes funcionales del sistema de poder.
La gobernanza híbrida representa una profunda transformación del Estado. Ya no se trata simplemente de corrupción administrativa, ni exclusivamente de autoritarismo político. Se conforma una red en la que actores estatales, redes económicas ilícitas, estructuras de seguridad y organizaciones criminales desarrollan relaciones de cooperación que, en última instancia, alteran la naturaleza misma de las instituciones públicas, con la consecuencia de que el Estado deja de actuar plenamente de acuerdo con el principio de legalidad y comienza, en ciertos ámbitos, a responder a intereses paralelos que compiten con el orden constitucional. Comprender esta transformación es esencial para interpretar correctamente la crisis venezolana. Por consiguiente, mientras el debate siga centrado exclusivamente en la celebración de elecciones, la pregunta fundamental permanecerá sin respuesta: ¿quién controla realmente el poder coercitivo del Estado y bajo qué principios se ejerce? Responder a esta pregunta es el punto de partida de cualquier transición democrática seria. Las elecciones pueden renovar gobiernos, pero solo la reconstrucción institucional puede recuperar el Estado.
Del cambio de gobierno a la reconstrucción del Estado
Si el objetivo de la comunidad internacional, en particular de los Estados Unidos de América, es realmente facilitar una transición democrática en Venezuela, seguida de elecciones libres y un proceso de gobernanza estable, entonces un aspecto no puede quedar relegado a un segundo plano: recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y reconstruir el sector de la seguridad.
Toda transición democrática implica una redistribución del poder político. Sin embargo, cuando ese poder se ha mantenido durante años mediante instituciones progresivamente cooptadas, la mera celebración de elecciones resulta insuficiente para garantizar la estabilidad del nuevo orden. Ejemplos históricos demuestran que numerosas transiciones han fracasado no por falta de legitimidad electoral, sino porque las estructuras coercitivas del Estado permanecieron intactas o continuaron respondiendo a centros de poder distintos de las nuevas autoridades democráticas.
Por lo tanto, el debate sobre Venezuela no puede limitarse a quién gobernará el país. Debe responder también a una pregunta mucho más importante: ¿cómo podemos garantizar que el Estado responda nuevamente de forma exclusiva a la Constitución y no a intereses políticos, económicos o criminales? La respuesta exige una profunda reforma del sector de la seguridad, creando las condiciones para la gobernabilidad. Esto implica restaurar el carácter profesional de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, revisar sus doctrinas de empleo, fortalecer los mecanismos democráticos de control civil y restablecer el principio constitucional de que las instituciones armadas sirven a la Nación y no a un proyecto político particular. Esta afirmación merece una aclaración que con frecuencia se omite en el debate público: todo oficial militar profesional es, por definición, un servidor público. Su misión es implementar políticas de seguridad y defensa pública aprobadas por autoridades civiles legítimamente constituidas. Esto convierte a la institución militar en un actor del Estado, pero nunca en un actor político partidista, como establecen claramente los artículos 328 y 330 de la Constitución de Venezuela.
El artículo 328 establece: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin afiliación política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de conformidad con esta Constitución y la ley. En el desempeño de sus funciones, sirve exclusivamente a la Nación y bajo ninguna circunstancia a ninguna persona o facción política. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de sus respectivas competencias para cumplir su misión, con su propio sistema integral de seguridad social, según lo establecido por su respectiva ley orgánica”. El artículo 330 establece: “Los miembros de la Fuerza Armada Nacional en servicio activo tienen derecho a voto de conformidad con la ley, pero no pueden postularse para cargos electivos ni participar en propaganda política, afiliación política o proselitismo político”.
Existe una diferencia fundamental entre ser un actor político y ser un actor partidista. Toda institución estatal participa en la implementación de políticas públicas y, en ese sentido, cumple una función política en el sentido clásico del término: sirve al interés general. Pero esa responsabilidad desaparece cuando la institución abandona su neutralidad constitucional y comienza a identificarse con un proyecto ideológico o un grupo en particular.
Precisamente por ello, la participación de oficiales militares retirados en oposición al régimen de facto, dentro de un posible proceso de transición, cuando este realmente comience, no constituye una anomalía democrática; al contrario, representa una necesidad estratégica. Son ellos quienes comprenden el funcionamiento interno de la organización militar, sus capacidades, debilidades, procedimientos de mando y las reformas necesarias para restaurar su carácter profesional. Esto es particularmente importante para un sector militar retirado cuyas carreras abarcaron las Fuerzas Armadas antes de 1999 y las Fuerzas Armadas Nacionales durante al menos una parte sustancial de los últimos veintisiete años de captura y destrucción institucional. Estos profesionales, con perfiles y características específicas demostradas a través de sus iniciativas a favor de la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y la recuperación de la democracia, deben poseer claridad institucional respecto al sector de la defensa y conocimiento del proceso gradual de captura institucional. Su incorporación no implica militarizar la política; todo lo contrario, significa utilizar conocimientos técnicos indispensables para reconstruir instituciones cuya misión será garantizar la estabilidad democrática durante las próximas décadas.
Justicia transicional y diferenciación institucional
Paralelamente a esta reforma institucional, debe desarrollarse un proceso serio de justicia transicional. La experiencia internacional demuestra que ninguna democracia puede consolidarse sobre la base de la impunidad, pero tampoco puede consolidarse mediante la aplicación indiscriminada de la responsabilidad colectiva.
Primera condición indispensable: diferenciar.
No todos los funcionarios públicos, policías o miembros de las fuerzas armadas tienen el mismo grado de responsabilidad legal o moral. Existe una diferencia evidente entre quienes simplemente cumplieron con sus deberes institucionales y quienes participaron activamente en graves violaciones de los derechos humanos, narcotráfico, corrupción sistémica, terrorismo o crimen organizado. La diferenciación es precisamente el fundamento de toda justicia transicional legítima.
Partiendo de esta distinción, será posible desarrollar procesos de investigación, control institucional y rendición de cuentas individuales compatibles con el Estado de derecho. Paralelamente, Venezuela debe diseñar un programa integral de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), acompañado de estrategias para desmantelar las organizaciones armadas y reintegrar a quienes, sin haber cometido delitos graves, puedan regresar a la vida civil e institucional en condiciones estrictamente legales. Es preciso tener en cuenta que no se trata simplemente de retirar las armas de la circulación, sino de recuperar el control efectivo del territorio, eliminar las estructuras paralelas de coerción, reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que el monopolio legítimo de la fuerza pertenezca nuevamente y exclusivamente al Estado democrático.
Todo esto requiere planificación, experiencia y conocimientos especializados. Por ello, cuando comienza la transición —cuyo indicador más relevante es la liberación incondicional de los presos políticos civiles y militares, sin perjuicio de los liberados inicialmente y garantizando la plena liberación del personal militar privado de libertad por motivos políticos—, resulta fundamental diseñar una transición sostenible. Dicha transición no puede estar compuesta exclusivamente por líderes políticos, sino por amplios sectores de la sociedad comprometidos con la recuperación de la democracia, las instituciones, el Estado de derecho y la propia República.
La reconstrucción del Estado: un desafío tanto técnico como político.
La reconstrucción del Estado constituye un desafío tanto técnico como político. Sin este componente técnico, cualquier acuerdo corre el riesgo de convertirse en una medida provisional incapaz de transformar las causas estructurales que originaron la crisis.
La democracia no se fortalece simplemente con la celebración de elecciones. Se fortalece cuando las instituciones recuperan su independencia, cuando las fuerzas de seguridad pública vuelven a estar plenamente subordinadas al orden constitucional y cuando los ciudadanos saben que el Estado protegerá sus derechos independientemente de su afiliación política.
Ese es el verdadero significado de una transición democrática sostenible. No consiste simplemente en cambiar de gobierno, sino en reconstruir la República.
La advertencia: Una transición sin reconstrucción del Estado conlleva el riesgo de fracaso.
Toda estrategia de transición se enfrenta a una tensión permanente entre la urgencia política y la sostenibilidad institucional. La tentación de priorizar los acuerdos inmediatos es comprensible: detener la confrontación, reducir el conflicto y abrir espacios para la negociación. Sin embargo, la historia ha demostrado que la estabilidad a corto plazo no siempre produce una paz duradera.
El proceso de negociación que se promueve bajo los auspicios de Estados Unidos, que comenzó con una imagen pública muy negativa, agravada por el hecho de que la primera reunión no se llevó a cabo y en la que el régimen de facto emitió un comunicado breve y decepcionante que ni siquiera contempla las demandas del Grupo de Contacto de Quito de marzo de 2019 sobre la necesidad de acordar una hoja de ruta electoral y una salida pacífica, resulta aún más problemático si se considera que para entonces ni siquiera se habían celebrado elecciones presenciales como las del 28 de julio de 2024. Dichas elecciones revelaron una victoria abrumadora e históricamente sin precedentes para la oposición legítima venezolana. Para colmo, Nicolás Maduro no había sido destituido para comparecer ante la justicia internacional, lo que generó una ausencia que, según el artículo 233 de la Constitución, constituye una ausencia absoluta. Estas circunstancias demuestran, por parte del régimen interino de facto, claras intenciones de no estar dispuesto a negociar una transición democrática, tal como lo establece el plan de tres fases de la administración de Donald Trump.
Por lo tanto, ante estas señales, debemos permanecer sumamente atentos, pues existe un riesgo estratégico que no debe subestimarse: creer que un cambio de gobierno equivale, por sí solo, a la recuperación del Estado. Estos procesos no son equivalentes. Los gobiernos cambian mediante acuerdos políticos o elecciones. Los Estados se reconstruyen mediante profundas reformas institucionales.
Si las estructuras criminales de la gobernanza híbrida permanecen intactas, conservarán la capacidad de adaptarse a cualquier escenario político. Modificarán sus métodos, sus alianzas y buscarán nuevos mecanismos de influencia, pero preservarán una parte sustancial de las capacidades acumuladas a lo largo de los años. La experiencia internacional demuestra que las organizaciones híbridas rara vez desaparecen cuando cambia el liderazgo político; normalmente evolucionan, se reorganizan y buscan preservar sus esferas de poder dentro del nuevo orden institucional.
Desde una perspectiva prospectiva, esto plantea al menos cuatro riesgos estratégicos.
La primera es la supervivencia de centros de poder paralelos. Mientras persistan redes capaces de combinar recursos políticos, económicos, militares y criminales, cualquier autoridad elegida democráticamente gobernará bajo la presión constante de actores que nunca renunciaron realmente al control del Estado.
El segundo riesgo reside en la reversibilidad de la transición. Ningún acuerdo político puede consolidarse cuando quienes conservan la capacidad coercitiva mantienen intactos sus instrumentos de intimidación, corrupción o violencia. En tales circunstancias, las instituciones democráticas nacen condicionadas y la estabilidad queda sujeta a un equilibrio extremadamente frágil.
El tercer riesgo trasciende las fronteras de Venezuela. Si Washington prioriza únicamente los objetivos inmediatos de estabilidad política sin promover simultáneamente una estrategia para desmantelar las estructuras criminales híbridas, la continuidad del proceso podría depender excesivamente de los ciclos políticos estadounidenses. Un cambio de administración o de prioridades estratégicas podría dejar inconclusas las reformas más importantes y abrir la puerta a una recomposición de los factores que actualmente amenazan el institucionalismo venezolano.
El cuarto riesgo afecta directamente la arquitectura de seguridad del hemisferio occidental. Venezuela no es un fenómeno aislado. Su ubicación geográfica, su condición de país productor de energía, su extensa costa caribeña y sus fronteras terrestres la convierten en un punto de enorme importancia para la estabilidad regional. Si las redes de gobernanza híbridas siguen operativas, continuarán proyectando sus efectos sobre el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la migración forzada y otras amenazas que se extienden mucho más allá del ámbito nacional. En consecuencia, una transición incompleta no representaría simplemente un problema venezolano; constituiría un desafío permanente para la seguridad continental.
Precisamente por ello, la consolidación democrática requiere una visión estratégica a largo plazo. La celebración de elecciones es un hito indispensable, pero no el objetivo final. El verdadero éxito dependerá de la capacidad para reconstruir las instituciones, recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el Estado de derecho y desmantelar las estructuras que posibilitaron la progresiva toma de la República.
La experiencia comparada demuestra que las democracias fracasan cuando confunden la sustitución de un gobierno con la transformación del Estado. Las instituciones débiles vuelven a ser capturadas por quienes conservan suficientes recursos de poder para controlarlas.
Venezuela tiene ahora una oportunidad histórica para romper este ciclo.
Los venezolanos ya han demostrado estar listos para votar. Lo hicieron con espíritu cívico, determinación y una clara vocación democrática. La cuestión que queda abierta ya no concierne a la ciudadanía, sino a las instituciones, a los actores políticos nacionales y a la comunidad internacional.
¿Existe realmente la voluntad de construir una transición que permita la recuperación del Estado, o el objetivo es simplemente gestionar una nueva fase del mismo problema?
La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro político de Venezuela, sino también la estabilidad democrática de gran parte del hemisferio durante las próximas décadas. Porque la democracia no comienza el día en que se anuncian los resultados electorales. Comienza cuando el poder vuelve a estar sujeto a la Constitución, cuando las instituciones vuelven a servir a la República y cuando ningún ciudadano tiene que preguntarse si su voto será respetado.
Venezuela está, en efecto, preparada para votar, como lo demostró ampliamente el 28 de julio de 2024, incluso frente a toda la maquinaria y el poder represivo del Estado.
El verdadero desafío, entonces, consiste en comprender que todos los demás deben estar preparados para aceptar el resultado y, sobre todo, para reconstruir el Estado que permita que esa decisión soberana se convierta finalmente en una democracia estable, gobernable y duradera.
Conclusiones
Venezuela está lista para votar. Lo demostró cuando millones de ciudadanos acudieron pacíficamente a las urnas para ejercer un derecho esencial para la democracia. La verdadera incógnita nunca ha sido la capacidad del pueblo venezolano para votar. La verdadera prueba reside en si las instituciones, los actores políticos y la comunidad internacional estarán dispuestos a reconstruir un Estado en el que el monopolio legítimo de la fuerza vuelva a servir exclusivamente a la Constitución, la ley y la ciudadanía. Porque las elecciones cambian de gobierno; solo las instituciones reconstruyen las repúblicas.
Bibliografía
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