La delegación de Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenía previsto una visita a Venezuela, después de 18 años de la última, no pudo siquiera abordar el avión hacia Caracas. Con la tarjeta de embarque en la mano, Esmeralda Troiti, presidenta de la CIDH; Pablo Abrao, secretario ejecutivo y Edison Lanza, relator especial de libertad de expresión, fueron impedidos de abordar por empleados de la aerolínea Copa en el aeropuerto de Ciudad de Panamá. “Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país”, tuiteó la cuenta oficial del organismo.
La CIDH tenía una agenda de encuentros desde este martes hasta el sábado como parte de la invitación que le hizo el representante especial ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, designado por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional e interino reconocido por más de 50 países, para constatar las violaciones de derechos humanos en el país, que incluía la visita a hospitales y centros de detención en Caracas. Después del impedimento para tomar el vuelo, la delegación informó que se trasladaría a la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta para sostener encuentros con víctimas venezolanas, con apoyo del Gobierno de Colombia, el jueves y viernes.PUBLICIDAD
La semana pasada el canciller venezolano, Jorge Arreaza, había advertido lo que sucedería. El ministro señaló que la visita no estaba autorizada porque en abril de 2019 su gobierno concretó la salida de la OEA, después de que el organismo aceptara las credenciales del enviado de Guaidó. “En ningún momento el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para hacer una visita al país”, expuso Arreaza en una comunicación enviada a Pablo Abrao.
En 2018 el Gobierno de Maduro sancionó a personas y empresas de Panamá, incluida Copa Airlines, en respuesta a las medidas que tomó entonces el Gobierno de Juan Carlos Varela. Las operaciones fueron reactivas poco tiempo después, puesto que en medio del aislamiento internacional que vive el país, por la imposibilidad de hacer vuelos directos a Estados Unidos, esta aerolínea es de las pocas que permite conectar con los principales destinos. En marzo del año pasado, hubo un nuevo impasse con la compañía luego de transportar a Guaidó de regresó al país al terminar su primera gira por América Latina. “Nosotros somos un transportador, un servicio público, y no podemos diferenciar quién vuela con nosotros”, dijo entonces el presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron, en una entrevista a CNN. Luego denunciaron que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela les había abierto un expediente administrativo.
El forcejeo del chavismo para no someterse al escrutinio de los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos ha sido recurrente. El año pasado, la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, fue un punto de inflexión. No obstante, los demoledores informes que produjo tras su visita sobre la crisis venezolana y las responsabilidades de Maduro en su agravamiento avivaron la tensión. El líder chavista arremetió con insultos contra Bachelet, pero su gabinete ha mantenido la relación con los representantes que dejó en el país.
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