La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la semana pasada la propuesta de reforma ante la Asamblea Nacional. Se espera que esta reforma modifique profundamente la columna vertebral de la industria petrolera del país al cambiar la histórica ley petrolera promulgada por el expresidente Hugo Chávez.
Los legisladores tienen programado comenzar la discusión sobre la reforma el jueves, luego de un acuerdo emblemático de suministro de 50 millones de barriles de petróleo entre Caracas y Washington este mes, acordado tras la captura del presidente Nicolás Maduro. Según dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el acuerdo otorga a EE. UU. el control de la principal fuente de ingresos del país.
Empresas petroleras e inversores exigen autonomía
Ejecutivos petroleros y posibles inversores, como parte del ambicioso plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares de Estados Unidos para la industria energética venezolana, están demandando autonomía para producir, exportar y recibir los ingresos en efectivo después de las nacionalizaciones y expropiaciones realizadas por Chávez hace dos décadas.
Conflictos legales y constitucionales
Abogados independientes han advertido, sin embargo, que la reforma propuesta entra en conflicto con la Constitución de Venezuela, que reserva las principales actividades de la industria petrolera al Estado. Además, la reforma requeriría que muchas leyes relacionadas aprobadas bajo los gobiernos de Chávez y de Maduro sean derogadas, dijeron.
Modelo de contrato y administración de riesgos
Algunos expertos han dicho que el modelo contractual propuesto por Rodríguez, que permite a las empresas producir y exportar petróleo de forma independiente mediante contratos con PDVSA, es contrario al modelo de empresa conjunta sobre el cual se basa la ley de hidrocarburos actual.
Un resumen de la reforma que se esperaba presentar el jueves y que fue visto por Reuters señaló:
“Las empresas que operen manejarán la administración a su propio riesgo y costo. En este modelo, el Estado no adquiere deudas, y la remuneración se basa en un porcentaje de los volúmenes (producidos)”.
Regalías, impuestos y arbitraje independiente
La propuesta permitiría al Gobierno reducir las regalías y los impuestos relacionados al 15% desde el 33% para proyectos especiales y aquellos que requieran inversiones masivas. También agrega la posibilidad de recurrir al arbitraje independiente para resolver controversias, una demanda de larga data de las empresas extranjeras tras desacuerdos y demandas encaminadas a reclamar compensaciones por activos expropiados en Venezuela.
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