Las liberaciones se ejecutaron en el marco de la normativa de amnistía promulgada recientemente por la gestión de Delcy Rodríguez. Velazco había sido arrestado en septiembre de 2025, enfrentando un periodo de desaparición forzada antes de su liberación.
Por su parte, Ávila y Moya permanecían bajo custodia desde septiembre de 2024, en medio de la convulsión política tras los polémicos resultados electorales de ese año.
La organización política celebró este avance como un triunfo de la «firmeza y la presión» ciudadana. Marcos Velazco, hijo del activista, recalcó que la libertad de su padre no representa una dádiva gubernamental, sino la restitución de un derecho fundamental que fue vulnerado injustamente.
Este movimiento judicial ocurre tras la instauración de un «nuevo momento político» en el país, derivado de la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Rodríguez como presidenta interina. La Ley de Amnistía busca revisar casos de persecución política ocurridos desde 1999. No obstante, la norma mantiene criterios específicos que limitan su aplicación a ciertos eventos históricos, lo que ha generado peticiones para ampliar su alcance.
Hasta la fecha, la comisión especial liderada por Jorge Arreaza ha procesado más de 9,000 solicitudes de beneficio judicial. Según datos oficiales, 245 ciudadanos han obtenido su libertad plena desde centros de reclusión, mientras que más de 5,000 personas han visto cerrados sus procesos bajo medidas cautelares. El proceso de revisión continúa bajo la supervisión de una comisión encargada de evaluar expedientes que inicialmente no estaban contemplados en la ley.
