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Tres ciudadanos venezolanos presentaron una demanda colectiva contra las compañías de aviación CSI Aviation y Global Crossing Airlines (GlobalX), a las que acusan de haber participado en su traslado desde Estados Unidos hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde aseguran haber sufrido abusos durante su detención.
La acción legal fue introducida ante un tribunal federal de Washington D.C. y busca representar a más de 230 venezolanos que fueron deportados en marzo de 2025 bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), una normativa utilizada por la administración del entonces presidente Donald Trump para acelerar la expulsión de personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua.
De acuerdo con la demanda, las empresas aéreas habrían participado en los vuelos de deportación pese a que existían disputas legales sobre el procedimiento y una orden judicial que intentaba frenar los traslados. Los demandantes alegan que las compañías incurrieron en violaciones de derechos civiles, privación ilegal de libertad, negligencia y daños emocionales.
Los venezolanos sostienen que fueron enviados a una prisión denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos por las condiciones de reclusión y que, durante su permanencia en el CECOT, fueron víctimas de presuntos maltratos físicos y psicológicos.
Aunque posteriormente fueron retornados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre gobiernos, los demandantes aseguran que continúan enfrentando consecuencias derivadas de su detención.
El proceso también cuestiona el papel de empresas privadas contratadas por el gobierno estadounidense para ejecutar operaciones migratorias. Los abogados de los demandantes señalan que CSI Aviation y GlobalX tenían acuerdos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y recibieron pagos por realizar vuelos de deportación.
La demanda se suma a otros procesos judiciales que cuestionan la legalidad de las expulsiones realizadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y será evaluada por el juez federal James Boasberg, quien ya ha intervenido en casos relacionados con estos procedimientos.
Los demandantes buscan que el tribunal certifique el caso como una acción colectiva para incluir a todos los venezolanos que fueron trasladados al CECOT bajo circunstancias similares.
De avanzar el proceso, el caso podría convertirse en un precedente sobre la responsabilidad de compañías privadas que participan en operaciones de deportación impulsadas por el gobierno de Estados Unidos.
