CentroVenezolanos.com Noticias Relevantes y Actualizadas de Venezuela
Related Articles
El Ejecutivo también determinó finalizar el espacio de conversación sociojurídica con organizaciones armadas y criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como el “Tarimazo”. En este proceso igualmente fue retirada la acreditación de Isabel Zuleta López como negociadora
El Gobierno de Colombia anunció el cierre de las mesas de diálogo y de los espacios de interlocución sociojurídica que permanecían activos como parte de la política de “paz total” implementada durante la administración de Gustavo Petro.
La decisión contempla el cierre de la mesa de conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, estructura escindida del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como el retiro del reconocimiento oficial a los negociadores designados durante el gobierno anterior, informó el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella.
En reseña de Infobae, el Ejecutivo también determinó finalizar el espacio de conversación sociojurídica con organizaciones armadas y criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como el “Tarimazo”. En este proceso igualmente fue retirada la acreditación de Isabel Zuleta López como negociadora.
El nuevo enfoque supone el abandono de las negociaciones con estos grupos y el retorno a mecanismos de sometimiento ante la Justicia. El mandatario cuestionó la política impulsada durante el gobierno de Petro y calificó la denominación de “paz total” como un “nombre rimbombante para una farsa tan grande”.
Las resoluciones serán remitidas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para reactivar las actuaciones judiciales contra integrantes de las organizaciones involucradas. Entre las medidas anunciadas se encuentra la reactivación de órdenes de captura y la aceleración de procesos de extradición.
“Estas decisiones se van a comunicar al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que se reactiven contra todos estos delincuentes las respectivas órdenes de captura. Por supuesto, las extradiciones, que las vamos a acelerar, y demás situaciones jurídicas a las que haya lugar”, afirmó De La Espriella.
El Gobierno también descartó mantener espacios de interlocución con organizaciones que considera criminales. “El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales”, sostuvo el presidente.
Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas a finales de agosto contra estructuras armadas que habían participado en procesos de diálogo durante la administración anterior, entre ellas el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El cambio representa una modificación de la estrategia aplicada desde 2022, cuando el gobierno de Petro inició conversaciones simultáneas con organizaciones insurgentes y estructuras criminales con el propósito de alcanzar acuerdos de paz, desarme o sometimiento a la Justicia. Los procesos atravesaron posteriormente crisis, suspensiones y rupturas, particularmente en las conversaciones con el ELN y sectores disidentes de las FARC.
El nuevo Gobierno apuesta ahora por el cumplimiento de las órdenes judiciales y la persecución de los integrantes de estas organizaciones.
“Se acabaron las concesiones a los delincuentes. La autoridad legítima jamás volverá a claudicar”, sentenció el jefe de Estado.
