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El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que el Gobierno busca ampliar las expulsiones de migrantes en situación irregular y contempla trasladar grupos numerosos por barco
El Gobierno de Perú negocia con las autoridades de Venezuela nuevas alternativas para ampliar la expulsión de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, entre ellas el traslado de grupos numerosos por vía marítima, informó Infobae.
El ministro del Interior peruano, César Astudillo, reveló la posibilidad durante una presentación ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso. Según detalló, hasta el momento 1.635 extranjeros han sido expulsados del país, pero esa cifra podría aumentar si avanzan las coordinaciones con Caracas.
“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela, sobre todo para mandarlos. Y los vamos a mandar por barco y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”, afirmó el funcionario durante su exposición.
Astudillo no ofreció detalles sobre la fecha prevista para iniciar los traslados marítimos, el puerto desde el cual partirían las embarcaciones, su capacidad ni las condiciones específicas que se negocian con el Gobierno venezolano.
Durante su intervención, el ministro diferenció entre encontrarse en Perú en condición migratoria irregular y regresar al territorio después de haber sido expulsado. En ese sentido, sostuvo que la permanencia irregular no constituye por sí misma un delito, pero señaló que la situación cambia cuando una persona sobre la que existe una orden de expulsión vuelve a ingresar al país.
Para identificar posibles reingresos, las autoridades vienen incorporando datos biométricos y otros mecanismos de identificación que permitan detectar a personas expulsadas que intenten retornar utilizando documentos diferentes.
La propuesta surge mientras el Ejecutivo peruano intensifica los controles migratorios. Migraciones reportó en julio que durante 2026 había realizado más de 2.500 operativos de verificación y control migratorio en conjunto con la Policía Nacional.
Durante su comparecencia, Astudillo también mencionó que cerca de dos millones de venezolanos residirían en Perú. Sin embargo, las cifras sobre esta población pueden variar dependiendo de la fuente, el período analizado y los criterios utilizados para contabilizar residentes, movimientos migratorios o personas con determinada situación documental.
De concretarse, el traslado por mar representaría una ampliación de las expulsiones que las autoridades peruanas ya han ejecutado mediante transporte aéreo.
El pasado 2 de agosto, tres ciudadanos venezolanos que habían cumplido condena en Perú y que fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua fueron trasladados desde el Callao hasta Caracas. El operativo se realizó en un avión Spartan C-27 de la Fuerza Aérea del Perú, bajo custodia policial, para su entrega a las autoridades venezolanas.
En otro operativo realizado en agosto, Migraciones informó sobre la expulsión de 42 extranjeros en situación irregular, procedimiento desarrollado en coordinación con la División de Extranjería de la Policía Nacional.
La legislación migratoria peruana establece procedimientos y causales para aplicar una expulsión de manera individual. Por ello, la eventual ejecución de traslados masivos por vía marítima deberá precisar qué personas estarían sujetas a la medida, bajo qué procedimiento se aplicaría y cuáles serían las condiciones para su recepción en Venezuela.
Astudillo realizó estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde también respondió interrogantes relacionadas con extorsiones, comercialización informal de tarjetas SIM, acceso policial a información bancaria y el funcionamiento del sistema de justicia.
El ministro cuestionó además la facilidad con la que pueden adquirirse chips telefónicos sin una identificación adecuada de los usuarios, al considerar que esta situación dificulta el seguimiento de comunicaciones empleadas en amenazas y casos de extorsión.
Luego de responder las preguntas de los parlamentarios, el titular del Interior solicitó continuar parte de su intervención en sesión reservada.
