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Durante más de dos décadas, Venezuela pasó de regalar gasolina a convertirla en un bien escaso. El subsidio ilimitado, el deterioro del sistema refinador, las inversiones inconclusas y la reorganización del negocio petrolero transformaron el destino de la renta del principal recurso del país. La producción volvió a crecer, cambiaron los operadores y aumentaron las exportaciones, pero el ciudadano sigue haciendo cola para llenar el tanque
Venezuela reanudó sus exportaciones petroleras hacia Estados Unidos mientras Washington flexibiliza las sanciones impuestas a Pdvsa. Sin embargo, la reactivación del negocio extractivo coexiste con la permanencia de los presos políticos en prisión, el colapso de los servicios de agua y electricidad, y la continuidad de la retórica hostil desde los programas oficiales de televisión. Aunque el país ratifica su perfil de productor de crudo, las colas en las estaciones de servicio no ceden y el sistema refinador continúa deteriorándose
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos permite redistribuir operadores, contratos y rentas, pero no convertir el petróleo en bienestar para la ciudadanía. Apenas ordena el negocio en el ámbito geopolítico, como ocurría en las antiguas repúblicas bananeras, y se impone la estabilidad como nueva normalidad.
El día que comenzaron las colas
Hasta diciembre de 2002, el abastecimiento de combustible era parte del funcionamiento ordinario del país. La paralización de Pdvsa por los trabajadores en huelga alteró esa normalidad. La producción y distribución se interrumpió y los venezolanos tuvieron que hacer largas colas para llenar el tanque. La escasez tenía una causa identificable: el conflicto entre el gobierno de Hugo Chávez y los millones de ciudadanos que marchaban en todo el país exigiendo su renuncia: “Chávez, vete ya”.
Despedidos más de 18.000 trabajadores y supeditada la directiva de Pdvsa a las decisiones políticas del Palacio de Miraflores, resultaba fácil prometer que el país no volvería a vivir una situación semejante. Se aseguraba que la industria petrolera ahora era del pueblo y que el gobierno revolucionario había recuperado el control del sector y del poder. El combustible volvió a las estaciones de servicio y las colas desaparecieron.
La gasolina continuó vendiéndose como uno de los productos más baratos del mundo, mientras el gobierno consideraba el subsidio como una forma de distribuir la renta petrolera. Era una manera.
Durante los años 2003-2012 el discurso político hablaba de “sembrar el petróleo” mediante la petroquímica, la refinación y el desarrollo industrial. Pero el margen de refinación es muy inferior a la renta del recurso natural. El verdadero valor extraordinario no provenía de fabricar gasolina, sino de poseer una de las mayores reservas del mundo y cobrar adecuadamente regalías e impuestos sobre esa extracción.
Agregar valor físico al crudo exige grandes inversiones, altos costos operativos y compite con márgenes propios de una industria manufacturera. Transformar un barril en gasolina o diésel no garantiza una mayor rentabilidad que vender ese mismo barril como crudo.
Si el capital disponible era limitado, resultaba preferible destinarlo a aumentar la producción, incorporar reservas y fortalecer la capacidad del Estado para captar renta antes que inmovilizarlo en proyectos de refinación o petroquímica cuya rentabilidad podía ser menor o depender de condiciones de mercado muy variables.
Desde la óptica de la economía petrolera, el mayor valor reside en el control del yacimiento. El refinador adquiere un insumo costoso —el crudo— y obtiene un margen por procesarlo; el propietario del yacimiento captura la renta del recurso. Son dos negocios diferentes.
La refinación nunca ha sido el negocio más rentable de la industria petrolera. Una refinería inmoviliza capital durante años, exige inversiones permanentes en mantenimiento y ofrece retornos inferiores a los de la extracción de crudo. Las grandes petroleras concentran la mayor parte de sus inversiones en exploración y producción. La refinación responde a otra lógica económica.
La refinación y la petroquímica agregan valor físico al crudo, pero los beneficios dependen de inversiones, costos operativos, competencia y márgenes de mercado. La renta petrolera, en cambio, surge de la apropiación estatal del valor del recurso en el subsuelo mediante regalías, impuestos y participación en la producción. Desde esa perspectiva, el procesamiento aguas abajo solo se justifica cuando incrementa el ingreso nacional más que otras alternativas de inversión.
Vender gasolina en Venezuela significa perder dinero. Su precio fijado por debajo del valor de costo implica una transferencia de renta petrolera al consumidor interno. Es una decisión política con enormes implicaciones y hasta una variable de gobernabilidad, no un principio de política petrolera. Además, la gigantesca brecha entre el precio interno y el internacional suponía que una parte considerable de esa renta terminaría financiando redes de contrabando y corrupción en lugar de beneficiar a la sociedad. No es la manera más eficiente de distribución de la renta, pues se ejecutaba en función del consumo y no de las necesidades sociales. Quien poseía varios vehículos, recorría mayores distancias o utilizaba más combustible recibía una proporción mayor del subsidio que quien no tenía automóvil. El mecanismo terminaba siendo regresivo desde el punto de vista distributivo, aun cuando se presentara como una política popular.
La gasolina extraordinariamente barata pasó durante décadas a formar parte del pacto implícito entre el Estado rentista y la sociedad venezolana. Modificar ese equilibrio significaba alterar un componente esencial del contrato social construido alrededor del petróleo. Los sucesos de febrero de 1989 confirmaban que el precio del combustible no era únicamente una variable económica, sino también un detonante político. El subsidio continuó expandiéndose mientras aumentaban el costo fiscal, el contrabando y las distorsiones económicas, presentándose como expresión de la soberanía petrolera.
El combustible barato se expuso como uno de los beneficios concretos de la Revolución Bolivariana, aunque resultaba absurdo que llenar un tanque costara menos que una botella de agua mineral. El costo político de modificarlo era superior al costo económico de mantenerlo. La rectificación solo ocurrió cuando sobrevinieron el colapso de la producción petrolera, la hiperinflación y la pérdida de capacidad fiscal del Estado bajo la administración de Nicolás Maduro.
Las interrupciones del suministro aparecieron de manera localizada. Algunas estaciones permanecían cerradas durante horas o días mientras esperaban el despacho de cisternas. En ciudades del interior se formaban filas ocasionales. Todavía no se reconocía la existencia de un problema estructural y cada episodio era presentado como una contingencia aislada.
La palabra “escasez” desapareció del discurso oficial. Las colas se atribuyeron a fallas logísticas, compras nerviosas, contrabando de extracción, ataques contra la infraestructura o supuestos actos de sabotaje de la oposición. Los avisos de “No hay gasolina” en las estaciones de servicio se consideraron inconvenientes. Los propietarios y encargados recibieron instrucciones para retirar esos letreros. El combustible podía faltar; lo que no debía aparecer era el reconocimiento público de la carencia.
