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Las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump desde 2025 hasta la fecha, puntualizó Veppex, han creado un entorno más inestable para los venezolanos dentro de EEUU
La organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) alertó en su último informe que la situación de la comunidad venezolana en Estados Unidos «no enfrenta un único problema migratorio», debido a las recientes deportaciones, pérdidas de protecciones temporales y el riesgo de detención ante las actuaciones de ICE, entre otros puntos.
«La comunidad venezolana en Estados Unidos no enfrenta un único problema migratorio, sino varias fuentes de inestabilidad que se superponen: pérdida o litigio de protecciones temporales, interrupciones de autorización laboral, exposición a detención, ausencia de soluciones permanentes para personas bajo supervisión, barreras documentales y remociones a terceros países», afirmó Veppex en el documento, elaborado junto a la organización Amavex.
Ambas oenegés destacaron que la aplicación de la ley migratoria debe respetar no solo el debido proceso, sino protecciones internacionales contra la tortura, la evaluación de cada caso y la posibilidad real de cumplir las normas.
«Una persona no debería quedar obligada a escoger entre perder su empleo, conducir sin documentación vigente o incumplir obligaciones familiares porque los documentos de los que depende están sujetos a demoras, litigios o cambios administrativos», señalaron.
Las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump desde 2025 hasta la fecha, puntualizaron, han creado un entorno más inestable para los venezolanos dentro de EEUU. «Esto no significa que todos los venezolanos carezcan de estatus ni que toda detención sea ilegal. Sí describe un aumento verificable de la exposición a pérdida de empleo, detención o remoción para determinadas personas mientras sus procesos permanecen pendientes o sin una solución permanente».
En este último punto, mencionaron la narrativa alrededor del Tren de Aragua y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros como un añadido a una dimensión de seguridad nacional «que exige especial cuidado para evitar generalizaciones y clasificaciones erróneas».
Veppex y Amavex destacaron que la respuesta del Gobierno de Estados Unidos en estos casos debe «combinar supervisión congresional, reforma administrativa, litigio cuando corresponda, coordinación federal-estatal y documentación rigurosa».
En particular, destacaron las recientes deportaciones por parte de EEUU a terceros países lo que plantea «riesgos específicos para personas con órdenes finales y protecciones humanitarias». El acuerdo con Liberia prevé recibir hasta 1.200 personas de terceros países en un año y contempla, según autoridades liberianas, a ciudadanos procedentes de América Latina, incluidos venezolanos.
El pasado 20 de agosto se conocieron las primeras deportaciones a ese país. El primer vuelo destinado a Liberia transportó 20 personas. Las autoridades estadounidenses no divulgaron públicamente las nacionalidades del grupo de 20 personas y, según Reuters, cinco pasajeros no desembarcaron en Liberia y fueron trasladados posteriormente a Guinea Ecuatorial. Sin embargo, no se pudo confirmar de manera independiente sobre la nacionalidad venezolana de alguno de ellos.
Veppex insistió en que las personas removidas de suelo estadounidense deben contar con garantías para obtener documentos de identidad, acceder a representación legal y conocer las vías disponibles para regularizar su situación en el país receptor.
Para los venezolanos, esto incluye la posibilidad de acceder a un pasaporte u otro documento de viaje válido, un aspecto que puede resultar determinante para realizar trámites migratorios, acreditar su identidad y resolver su estatus en el tercer país.
