Documentos oficiales revelan cláusulas de estricta confidencialidad aprobadas por la Asamblea Nacional en acuerdos energéticos bilaterales. Analistas y parlamentarios alertan sobre la falta de contraloría en transferencias de Pdvsa y la partida secreta presidencial
La alianza binacional entre Venezuela y Palestina se desarrolló bajo un manto de opacidad en el que abundan las interrogantes administrativas. Sobre los pormenores de ese intercambio rige una estricta reserva para las partes involucradas, mientras que la contraloría pública ha sido inexistente y diversos convenios suscritos no llegaron a ejecutarse, en medio de señalamientos sobre transferencias gestionadas a través de la partida secreta presidencial y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
En el país no existe suficiente información pública sobre el Convenio Marco de Cooperación con el Estado de Palestina, suscrito en Caracas el 27 de noviembre de 2009 por Hugo Chávez y el presidente Mahmud Abás, el cual fue promulgado por la Asamblea Nacional mediante Ley Aprobatoria el 14 de enero de 2010, bajo la presidencia parlamentaria de Cilia Flores. Tampoco se conocen precisiones sobre los instrumentos que meses antes, el 27 de abril de 2009, rubricaron los cancilleres Riyad al Maliki y Nicolás Maduro cuando Venezuela formalizó el reconocimiento al Estado de Palestina y se abrieron las relaciones diplomáticas bilaterales.
El hermetismo se profundizó con el Acuerdo Complementario en el Sector Energético, firmado en Caracas el 24 de agosto de 2013 y publicado en la Gaceta Oficial 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013. Críticos del oficialismo sostienen que estos convenios operaron con escasa fiscalización institucional en momentos en que tanto la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania como el grupo Hamás en la Franja de Gaza requerían flujos de recursos económicos. En aquel acuerdo figuraron como órganos ejecutores, por la parte venezolana, el Ministerio de Petróleo y Minería y el Ministerio para la Energía Eléctrica, mientras que por Palestina intervino el Ministerio de Economía, según consta en las memorias de tratados internacionales de ese año.
Marco institucional y acuerdos
La ruta legal de la cooperación bilateral
Hitos de la alianza entre Caracas y Palestina y el establecimiento de la reserva informativa
Abril de 2009 | Protocolo inicial
Los entonces cancilleres Nicolás Maduro y Riyad al Maliki firman el reconocimiento formal mutuo y abren los canales de cooperación binacional.
Noviembre de 2009 | Convenio Marco de Cooperación
Hugo Chávez y Mahmud Abás suscriben en Caracas la alianza integral que abarcó áreas económica, educativa, energética, social y de salud.
Diciembre de 2012 | Convenio de Salud
Publicado en Gaceta Oficial 40.118; dio pie al financiamiento del Hospital Oftalmológico Hugo Chávez en Cisjordania (15 millones de dólares reportados en prensa).
Octubre de 2013 | Ley Aprobatoria del Convenio Energético
Sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial 40.274, incorporó la cláusula de confidencialidad irrestricta en su artículo V.Artículo V: Cláusula de confidencialidad en Gaceta OficialDesplegar texto legal ▼
«Las condiciones y contenido del presente Acuerdo, se considerarán confidenciales y no podrán ser divulgadas ni por las Partes, ni por los órganos ejecutores a terceros, de forma parcial o total, voluntaria o involuntariamente, sin consentimiento previo. Toda la información confidencial proporcionada […] seguirá siendo propiedad de quien la suministra».
Fuente: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (N° 40.118 y N° 40.274) y tratados binacionales
El blindaje legal de la confidencialidad
Desde el Parlamento venezolano se consagró una cláusula expresa de reserva informativa. En el artículo V de la Ley Aprobatoria del convenio energético, aprobada bajo la presidencia legislativa de Diosdado Cabello, se prohibió la difusión de datos sobre la ejecución de los proyectos.
El texto legal establece de manera textual: «Las condiciones y contenido del presente Acuerdo, se considerarán confidenciales y no podrán ser divulgadas ni por las Partes, ni por los órganos ejecutores a terceros, de forma parcial o total, voluntaria o involuntariamente, sin consentimiento previo. Toda la información confidencial proporcionada por una de las Partes y/o los organismos ejecutores a su contraparte, seguirá siendo propiedad de quien la suministra. Ninguna de las Partes y/u órgano ejecutor adquirirá, directa o indirectamente derechos sobre esta información del que recibe, directa o indirectamente, bajo este Acuerdo».
La bancada oficialista ratificó en bloque el acuerdo para que «surta efectos internacionales», omitiendo el detalle de los compromisos adquiridos. Juristas y parlamentarios opositores han advertido que dar luz verde a compromisos internacionales a ciegas debilita el mandato de control político consagrado en los artículos 222 y 223 de la Constitución, los cuales obligan al Poder Legislativo a fiscalizar los bienes públicos.
El convenio energético estipula que los costos generados por su instrumentación debían ser asumidos por las partes de común acuerdo, según sus disponibilidades presupuestarias. La economía palestina, no obstante, presentaba una severa dependencia de la ayuda internacional y un desempleo crónico, al punto de que se documentaron casos de pobladores que aceptaban la excavación de túneles en sus predios a cambio de pagos menores a 100 dólares para subsistir, según testimonios recabados por el periodista y analista palestino Bassem Eid. En ese contexto de precariedad, diversos sectores han denunciado que parte del auxilio exterior recibido en la zona terminaba desviado hacia la confrontación armada y los planes hostiles contra el Estado de Israel.
Alcance del Convenio Marco y ausencia de balances
El Convenio Marco de 2009 y los cerca de 18 instrumentos derivados abarcaron una cooperación sumamente extensa que incluyó alianzas en materia política, educativa, económica, social, cultural, ambiental, sanitaria, energética, científica y agrícola. Posteriormente se añadieron compromisos en defensa, comercio, seguridad, telecomunicaciones, minería y turismo.
Frente a la duda de cómo se ejecutaron estos recursos, el economista y diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 José Guerra subraya la imposibilidad de acceder a balances oficiales: «Esa información no está publicada y es difícil saberla. Eso lo manejaba Pdvsa y la partida secreta del gobierno, que eran los que hacían esas transferencias, seguramente a la Autoridad Nacional Palestina para la época o a Hamás. Los que sí eran más públicos fueron los convenios de petróleo, de Petrocaribe y del Acuerdo Energético de Caracas; eso sí está claro. Pero de Palestina dudo que haya información y no conozco a nadie que la tenga».
Durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los fondos dirigidos a estos planes se administraron como información reservada. En Palestina coexisten dos administraciones antagónicas: la ANP en Cisjordania y el movimiento Hamás en Gaza. Mientras la ANP destinaba ingentes presupuestos al llamado Fondo de Mártires —un esquema de pensiones y subsidios para las familias de combatientes detenidos o fallecidos en ataques contra objetivos israelíes, cuestionado internacionalmente—, Hamás expandía una masiva red subterránea y militar en la Franja de Gaza. El auge logístico de dicha red coincidió en el tiempo con la incorporación de Venezuela como cooperante internacional.
Determinar en qué medida la plataforma legal bilateral facilitó transferencias susceptibles de ser desviadas hacia actividades radicales requeriría auditar las partidas secretas presidenciales y los movimientos bancarios de Pdvsa. Durante ese período, figuras como la exministra de Salud Eugenia Sader —cuyo despacho enfrentó posteriores denuncias de irregularidades administrativas—, Elías Jaua, Delcy Rodríguez y Tarek El Aissami refrendaron compromisos con la representación palestina.
En el área médica, por ejemplo, el 4 de diciembre de 2012 se firmó un acuerdo de salud publicado en la Gaceta Oficial 40.118 del 26 de febrero de 2013. En el marco de ese plan se financió la construcción del Hospital Oftalmológico Hugo Chávez en Cisjordania, obra que reportes de prensa cifraron en 15 millones de dólares, aunque jamás se publicaron auditorías que permitan cotejar los desembolsos reales realizados desde Caracas. Investigadores financieros coinciden en que urge desclasificar los montos transferidos y la identidad de las empresas intermediarias. Paralelamente, reportes de inteligencia en EE UU han seguido de cerca sospechas sobre transacciones financieras originadas en Venezuela hacia cuentas en el Medio Oriente. A partir de 2018, además, tras las sanciones impuestas por Washington, se exploró el uso de criptoactivos en las relaciones binacionales.
Rendición de cuentas
Proyectos bilaterales anunciados frente a resultados
Los principales planes acordados en los convenios y el balance físico y financiero verificado
Complejo farmacéutico220 millones $Tres plantas prometidas que no llegaron a operar
Fondo en criptoactivos20 millonesPetros asignados para fondo conjunto sin auditoría
Inversión en Cisjordania15 millones $Costo extraoficial del Hospital Hugo Chávez
Retorno tangible3 camionesInsumos médicos donados por el deslave de Las Tejerías
Estado de las principales iniciativas
• Petro Palestina:Alianza concebida para despachar crudo y derivados de Pdvsa sin publicación de cuotas ni cobranzas.
• Empresas mixtas mineras:Dos sociedades adscritas al Ministerio de Minería para extraer oro y coltán sin rendición de balances.
• Becas médicas comunitarias:Plan para formar a 119 estudiantes palestinos que concluyó con deserciones masivas tras cuestionamientos curriculares.
Fuente: Investigaciones parlamentarias y declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores
Proyectos inconclusos y rendición de cuentas
Al evaluar los resultados concretos de estos convenios, los beneficios tangibles para Venezuela resultan prácticamente invisibles. Uno de los pocos aportes recibidos consistió en una donación de tres camiones con insumos médicos procedentes de un depósito en Nablus para atender la tragedia del deslave de Las Tejerías, hecho que el canciller palestino Riad al Maliki describió como un modesto gesto de reciprocidad tras admitir que el respaldo de Caracas había sido cuantioso.
En contraste, grandes iniciativas anunciadas se quedaron en el papel. Se creó la figura de Petro Palestina para el despacho de hidrocarburos, de la cual se ignoran cuotas y pagos; se proyectó la conformación de dos empresas mixtas mineras para la explotación de oro y coltán sin que se rindieran cuentas sobre extracción o dividendos; se asignaron 20 millones de petros a un fondo conjunto; y se prometió la instalación de plantas farmacéuticas por un monto de 220 millones de dólares que no llegaron a operar. Asimismo, un plan educativo para formar a 119 becarios palestinos en medicina concluyó con deserciones tempranas luego de que los estudiantes expresaran inconformidad con el contenido doctrinario y pedagógico de los centros oficiales.
El profesor e investigador de Asuntos Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Franklin Molina, explica que este secretismo forma parte de una dinámica extendida: «El cumplimiento de los acuerdos no suele ser visible a la opinión pública. Son planes de desarrollo interno de cada ministerio que no necesariamente están sujetos a inspección abierta. Si incluye manejo de recursos, se supone que la Contraloría General de la República o la Asamblea Nacional deberían velar por el gasto y el ingreso a través de la Hacienda Pública».
Molina añade que la amplitud de estos instrumentos favorece la discrecionalidad: «Hay acuerdos de cooperación que por lo general son muy amplios, sobre todo los energéticos o económicos, y la ejecución no siempre está escrita en el texto ni se publica en su totalidad. Eso no lo hace un acuerdo ilegal de origen; ya dependerá de las administraciones el cumplimiento y la rendición. No hay una regla taxativa que exija hacer pública y notoria la ejecución; al contrario, los ministerios suelen desarrollarlos casi como planes reservados y la colectividad no tiene acceso a esos detalles».
Aunque el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal ordena auditar todos los ingresos y gastos públicos, los portales oficiales carecen de informes evaluativos sobre los convenios con Palestina. La falta de respuestas institucionales y la reserva de los órganos del Estado han dejado bajo sospecha el uso de la estructura legal de cooperación para desviar fondos de la República.