Dirigentes de distintos sectores de la oposición venezolana han pedido que María Corina Machado tenga un papel en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, previstas para comenzar el 1 de agosto bajo la tutela de Estados Unidos.
Washington designó como representante de la oposición a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, mientras que el chavismo estará representado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y cercano a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La agenda del proceso estará centrada en la reconstrucción institucional del país y la organización de futuras elecciones, según ha reiterado el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Sin embargo, la ausencia de Machado, considerada la principal líder opositora, ha generado cuestionamientos dentro del antichavismo.
El exgobernador Henrique Capriles Radonski afirmó que “cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo para excluir a alguien” y advirtió que una negociación sin Machado “estará condenada a fracasar”. Asimismo, llamó a preservar la unidad de la oposición pese a las diferencias políticas existentes.
En la misma línea, el dirigente de Acción Democrática Henry Ramos Allup sostuvo que Machado es “un factor determinante” dentro de la oposición y aseguró que pretender dejarla al margen del proceso “no tiene sentido”. A su juicio, un acuerdo que no cuente con el respaldo de la Plataforma Unitaria y de sus principales dirigentes carecería de legitimidad.
La designación de Figuera como interlocutora respaldada por Washington ha generado debate dentro de la oposición. Ni la Plataforma Unitaria ni Machado han fijado una posición pública sobre esa decisión, aunque mantienen conversaciones para definir una estrategia común.
Por su parte, Figuera ha insistido en que su participación será de carácter institucional y que no busca sustituir el liderazgo político de Machado.
Antes de la decisión de Estados Unidos, la Plataforma Unitaria había respaldado a Machado para encabezar un eventual proceso de negociación con el chavismo, compromiso que quedó plasmado en el denominado Manifiesto de Panamá.
Entretanto, el Gobierno de Delcy Rodríguez mantiene sus críticas contra la dirigente opositora, a quien acusa de promover una intervención militar estadounidense y exige que responda ante la justicia venezolana.
Estados Unidos ha reiterado que reconoce a la Asamblea Nacional electa en 2015 como la última institución venezolana elegida democráticamente y aseguró que acompañará de cerca las conversaciones para impulsar un proceso de transición política.
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