La acción judicial, impulsada por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, responde a dos entrevistas concedidas por Aldama los días 4 y 5 de febrero de 2026. El documento fue entregado por el empresario en marzo a la Audiencia Nacional española, en el marco de las investigaciones del caso Koldo. El delito de injurias graves con publicidad contempla en España multas de entre seis y catorce meses
La encargada del interinato Delcy Rodríguez, presentó una querella contra el empresario Víctor de Aldama en España por un presunto delito de injurias graves con publicidad, tras unas declaraciones en las que la vinculó con la supuesta entrega de documentos relacionados con la financiación del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).
La acción judicial, impulsada por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, responde a dos entrevistas concedidas por Aldama los días 4 y 5 de febrero de 2026 en los programas Diario de la Noche, de Telemadrid, y Horizonte, de Cuatro. En ellas, el empresario habló de un sobre identificado con el logotipo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que presuntamente contendría información sobre operaciones petroleras valoradas en 250 millones de dólares y vinculadas con la Internacional Socialista y el PSOE.
Rodríguez niega haber entregado el documento y asegura que nunca conoció su existencia ni su contenido. Su representación legal también cuestiona la falta de información sobre la procedencia y custodia del sobre, que habría sido recibido por Aldama en febrero de 2020.
El documento fue entregado por el empresario en marzo a la Audiencia Nacional española, en el marco de las investigaciones del caso Koldo. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que el sobre tenía un sello de recepción de la Vicepresidencia de Venezuela fechado el 4 de febrero de 2020.
La querella solicita las grabaciones completas de las entrevistas y la declaración judicial de Aldama. Asimismo, recuerda que Rodríguez no figura como investigada en el procedimiento al que se refieren los señalamientos.
El delito de injurias graves con publicidad contempla en España multas de entre seis y catorce meses, siempre que se demuestre que las imputaciones se realizaron con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.