Diosdado Cabello volvió a señalar a dirigentes opositores de presuntamente intentar desestabilizar sectores populares de Caracas, esta vez mediante supuestos contactos con antiguas bandas criminales. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones durante la emisión de su programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido este miércoles 4 de noviembre.
El dirigente chavista aseguró que representantes de la oposición pretenden generar supuestos disturbios en comunidades del oeste de Caracas, entre ellas la Cota 905 y La Vega. Durante su intervención, hizo referencias a María Corina Machado y a otros sectores que calificó de “oposición extremista”.
Según Cabello, estos dirigentes estarían intentando contactar a integrantes de antiguas organizaciones delictivas para provocar alteraciones del orden público. No obstante, no mostró documentos, grabaciones ni otros elementos que sustentaran sus señalamientos.
“No van a poder”, afirmó al referirse a los supuestos planes de desestabilización. También defendió la situación de seguridad del país y aseguró que Venezuela mantiene una de las tasas de homicidios más bajas del mundo, sin ofrecer datos que respaldaran esa afirmación.
Los señalamientos de Diosdado Cabello se producen en medio de la discusión sobre la reforma parcial de la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional chavista. Entre los aspectos más controvertidos del proyecto de reforma figuran las sanciones económicas, que contemplan multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Durante su programa, Diosdado Cabello rechazó las críticas contra la reforma de la Ley Contra el Odio y defendió su aplicación. Además, acusó a sectores opositores de promover supuestos discursos de odio y de justificar hechos violentos, incluidos actos que calificó de terrorismo.
La ley chavista fue aprobada originalmente en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presidida entonces por Delcy Rodríguez. Desde su entrada en vigor, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales han cuestionado su aplicación por considerar que contiene disposiciones que pueden utilizarse para restringir la libertad de expresión y perseguir la disidencia política.
Aunque la propuesta de reforma plantea modificar o eliminar algunas disposiciones penales que han sido cuestionadas por su aplicación contra ciudadanos y disidentes, las elevadas multas mantienen las preocupaciones sobre sus posibles efectos en periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el uso de normas ambiguas para intimidar a ciudadanos, periodistas y dirigentes políticos críticos del chavismo. En ese contexto, las acusaciones de Cabello contra la oposición, formuladas sin presentar pruebas públicas, vuelven a poner sobre la mesa el uso de los medios de comunicación estatales para difundir señalamientos contra sectores disidentes.
La coincidencia entre estos discursos y la discusión de una reforma que contempla nuevas sanciones económicas, genera interrogantes sobre las garantías para el ejercicio del periodismo, la participación política y la libertad de expresión en el país.