En medio del duelo nacional, la reconstrucción de ciudades enteras y miles de familias buscando aún a sus desaparecidos, el debate jurídico quedó relegado por la emergencia. Sin embargo, el calendario no se detuvo con los terremotos. Los 180 días previstos en el artículo 234 de la Constitución se cumplieron este 3 de julio y con ellos resurge una pregunta que el chavismo ha evitado responder: ¿qué ocurre ahora con el poder que ejerce Delcy Rodríguez, sucesora de Maduro al frente del Ejecutivo?
Desde el mismo día de la captura del líder chavista, el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el oficialismo introdujo una figura inédita: la denominada “ausencia forzosa”. Bajo ese argumento permitió que Delcy Eloina asumiera la conducción del régimen como una especie de presidenta provisional, una fórmula que no aparece expresamente en el texto constitucional y que desde entonces ha sido objeto de cuestionamientos por parte de juristas.
Durante estos seis meses, la nueva mandamás del régimen consolidó el control político de la administración chavista mientras Estados Unidos impulsaba su estrategia de estabilización del país. Washington reconoció a Rodríguez como autoridad de transición dentro del esquema diseñado tras la captura de Maduro, privilegiando la gobernabilidad y la recuperación económica frente a una transición política inmediata.
Pero el reloj constitucional siguió avanzando.
Para el abogado Joel García, ese mecanismo ya agotó completamente su sustento jurídico. En declaraciones ofrecidas en X, el defensor de presos políticos sostuvo que la Constitución es categórica al establecer que una ausencia temporal no puede prolongarse indefinidamente.
“Mantenerla hoy es sostener un gobierno de facto y convalidar la usurpación de autoridad. La Constitución no es un pacto de suicidio institucional. Extinguidos los 180 días, la falta temporal muta de pleno derecho en Falta Absoluta. La Asamblea Nacional tiene la obligación ineludible de declararla y activar los mecanismos de sucesión definitiva”, afirmó García.
En la misma línea, la organización Cepaz ha recordado que el artículo 234 fija un límite máximo de 180 días para las ausencias temporales del presidente y que, una vez vencido ese período, corresponde a la Asamblea Nacional determinar si la situación dejó de ser temporal. Para la ONG, el Legislativo tiene un papel central en la preservación del orden constitucional y no puede eludir ese debate.
Sin embargo, hasta este viernes la AN chavista guarda absoluto silencio. Tampoco el TSJ ha emitido una nueva interpretación que explique cuál será el fundamento jurídico para mantener la actual estructura del poder. La figura de la “ausencia forzosa”, creada en enero, permanece sin desarrollo posterior mientras el país atraviesa una emergencia nacional sin precedentes.
El contexto político hace aún más complejo el panorama. Los terremotos que devastaron La Guaira, Caracas y otros estados modificaron por completo las prioridades del país. Miles de muertos, centenares de edificios colapsados y una gigantesca operación internacional de rescate desplazaron cualquier discusión institucional, mientras la sucesora de Maduro concentra todos los esfuerzos del aparato oficial en la atención de la crisis.
Paradójicamente, la tragedia también expuso las debilidades del propio aparato chavista. Las denuncias sobre retrasos en los rescates, falta de coordinación, obstáculos impuestos a brigadas voluntarias y cuestionamientos a la gestión oficial aumentaron la presión sobre un régimen que ya enfrentaba desafíos políticos antes del desastre natural.
Mientras tanto, la estrategia de Estados Unidos también parece haber entrado en una etapa distinta. Funcionarios de la administración de Donald Trump han insistido en que la prioridad inmediata es salvar vidas y apoyar la recuperación del país. No obstante, antes de los terremotos Washington había comenzado a impulsar la segunda fase de su plan para Venezuela, centrada en la recuperación económica y el inicio de conversaciones para una futura transición democrática.
Ese escenario quedó parcialmente congelado por la emergencia, aunque analistas consideran que el debate institucional volverá inevitablemente una vez disminuya la fase crítica de los rescates. La gran incógnita será si el chavismo mantiene intacto el actual esquema de poder o si intenta construir una nueva fórmula jurídica para prolongar la permanencia de Rodríguez en el poder.
Con un país devastado por los terremotos, una economía que apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación y una transición política todavía inconclusa, Venezuela entra en una nueva etapa marcada por una incertidumbre constitucional que, tarde o temprano, volverá a ocupar el centro del debate nacional.
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