La movilización de María Corina Machado en Caracas revela un descontento creciente en las bases chavistas. Analistas destacan la fractura en el oficialismo y la presión por una renovación institucional
María Corina Machado ha vuelto a Caracas con una fuerza que resuena en las calles. Su reciente movilización en la autopista Valle-Coche, donde cientos de personas se congregaron durante doce horas, marca un nuevo capítulo en la política venezolana, caracterizado por la exigencia de elecciones presidenciales y la liberación de presos políticos. Este evento no solo es un testimonio del poder de convocatoria de la oposición, sino también una señal clara de la creciente presión ciudadana sobre un régimen que todavía controla las estructuras del Estado.
La magnitud de esta convocatoria pone en evidencia un fenómeno que se agita en el seno del oficialismo: la fractura y el descontento en las bases chavistas. Según el politólogo y periodista Juan Barreto y el investigador Roberto López Sánchez, los sectores populares que alguna vez apoyaron el proyecto chavista se sienten defraudados por una cúpula que ha abandonado los ideales originales, perpetuando en cambio prácticas de control y represión.
Ambos analistas coinciden en desestimar la narrativa oficialista promovida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha prometido un “alivio” económico y metas como el plan “Hambre Cero” para 2027. Barreto y López Sánchez consideran que la idea de reformar el Estado “desde adentro” es insostenible, dado que quienes hoy dirigen el país son responsables directos de la crisis que atraviesa Venezuela.
El actual momento político es un escenario de choque de fuerzas asimétricas: por un lado, una oposición revitalizada por el carisma de Machado y su capacidad de movilización, y por el otro, un oficialismo acorralado que intenta contener el desgaste de sus bases a través de su aparato burocrático y una retórica defensiva. Mientras el régimen apela a incentivos económicos y contratos petroleros, la base social de ambos bandos sufre las consecuencias de una profunda crisis material.
Esta transición se da en un contexto influenciado por negociaciones externas, particularmente la presión de Estados Unidos. La situación actual refleja una encrucijada en la que el gobierno de Rodríguez busca ganar tiempo, apostando por el desgaste de las movilizaciones y la readecuación de sus estructuras bajo nuevos ropajes. La fatiga material de la población es palpable y se traduce en un descontento que no se puede ocultar.
Barreto señala que las bases chavistas originales sienten un profundo “despecho” político. “Se sienten defraudados y añoran los tiempos de Chávez”, afirma. Muchos de aquellos que aún apoyan al régimen lo hacen por necesidad, reconociendo en privado la precariedad de su situación. “Se movilizan porque son funcionarios públicos o dependen de la estructura”, comenta Barreto, quien advierte sobre la contradicción entre su lealtad forzada y su descontento interno.
Por su parte, López Sánchez argumenta que la continuidad del gobierno bajo Rodríguez acarrea el costo político de una década de destrucción económica y precarización. La cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el alto mando militar son vistos como responsables del colapso del país, lo que genera un rechazo que fragmenta la cohesión ideológica del oficialismo.
Frente a la defensa de Rodríguez de que su experiencia en el régimen es una ventaja, los analistas desmantelan esta idea, considerándola una coartada para perpetuar el modelo. “Decir que administrar la dictadura de Maduro es una virtud es un crimen”, enfatiza López Sánchez, quien también cuestiona la legitimidad de un gabinete que busca presentarse como pragmático tras años de políticas destructivas.
El regreso de Machado a Caracas ha puesto a prueba la resistencia de ambos bandos. Mientras la oposición reafirma su capacidad de movilización, el oficialismo intenta minimizar el impacto de su retorno mediante una combinación de descalificaciones y promesas de desarrollo económico. Barreto considera que la presencia de Machado es un acierto táctico, aunque advierte sobre el riesgo de que la oposición se concentre en su liderazgo sin una agenda social sólida.
Machado ha reiterado que su objetivo es avanzar hacia elecciones libres en 2027 y que cualquier acuerdo debe incluir la renovación del CNE y el TSJ, además de exigir el cese de la persecución. Sin embargo, tanto Barreto como López Sánchez coinciden en que la transición no puede ser un mero pacto entre élites, sino que debe abordar la profunda crisis social que afecta a las bases populares.
López Sánchez subraya que cualquier proceso que mantenga intactos los aparatos de persecución y ignore las demandas de los trabajadores y universitarios resultará en una farsa. Barreto, por su parte, enfatiza que la mesa de diálogo debe incluir una “mesa social” que atienda las necesidades de la población, evitando que la crisis política eclipsara el drama humano que vive la mayoría de los venezolanos, tanto en la oposición como en las bases descontentas del oficialismo.