Según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ya existe una larga lista de espera con cientos de solicitantes interesados en establecerse en el país.
El programa se divide en tres categorías con costos que van desde uno hasta cinco millones de dólares, dependiendo de los beneficios adicionales y el carácter individual o corporativo de la solicitud. Además del pago principal, los aspirantes deben cubrir una tarifa administrativa no reembolsable y someterse a lo que el gobierno califica como el proceso de verificación de antecedentes más riguroso de la historia, coordinado directamente por el Departamento de Seguridad Nacional.
El objetivo central de esta iniciativa es recaudar fondos para reducir la deuda federal de los Estados Unidos y atraer a profesionales altamente cualificados que traigan consigo nuevas oportunidades de negocio. El presidente Trump ha defendido esta vía asegurando que es una ruta hacia la ciudadanía «mucho mejor» que la tradicional Green Card. No obstante, expertos legales cuestionan la ética del sistema, señalando que podría crear una justicia migratoria basada exclusivamente en el poder adquisitivo.
A pesar de la controversia, el programa ya está plenamente operativo y los recursos obtenidos se destinarán a proyectos de mejora de infraestructura nacional. Mientras la Casa Blanca celebra el éxito inicial de la tarjeta, el Departamento de Estado emitió una advertencia paralela para viajeros, recordando que las plataformas de pago digitales estadounidenses presentan graves restricciones en el extranjero, instando a los ciudadanos a no depender únicamente de sus tarjetas o apps de pago al salir del país.
