La libertad no garantiza una vida digna para los excarcelados políticos en Venezuela. Con más de 300 personas aún detenidas, quienes han salido de prisión enfrentan la lucha por su sustento y la restitución de sus derechos
Salir de prisión no es sinónimo de recuperar la dignidad ni las condiciones de vida. Esa cruda realidad la enfrentan decenas de excarcelados por razones políticas en Venezuela, quienes, una vez fuera de los muros de los centros de reclusión, no solo buscan la libertad de las más de 300 personas que aún permanecen tras las rejas, sino que también se ven obligados a gestionar su sustento económico, tras meses o años de privaciones.
De acuerdo con datos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, poco más de mil personas han sido excarceladas en lo que va del año, pero muchas de ellas siguen sometidas a medidas cautelares que limitan su libertad. Este fenómeno se ha intensificado tras un proceso de amnistía y la prometida “transformación” del sistema de justicia, anunciada por Delcy Rodríguez a principios de enero, en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.
Entre los beneficiados de este cambio está Carlos Julio Rojas, periodista y activista de derechos humanos, quien forma parte de la Red de Ex Presos Políticos por la Democracia. Esta iniciativa, explica Rojas, nació dentro de las cárceles, donde excarcelados de lugares como Yare y El Helicoide decidieron unir fuerzas para exigir la libertad inmediata de todos los detenidos políticos y la restitución de sus bienes materiales. Rojas enfatiza: “Sufrimos la represión por parte de la dictadura y ahora estamos luchando por hacer valer nuestros derechos.”
La magnitud del problema es tal que resulta complejo determinar cuántas personas están bajo medidas cautelares antes o después del 3 de enero. Sin embargo, la Red colabora con organizaciones como Foro Penal, que estima que más de 11.000 personas siguen arbitrariamente sujetas a restricciones de libertad. Esta falta de transparencia ha llevado a la Red a solicitar apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Rojas subraya la necesidad de que las listas de excarcelaciones sean certificadas por la ONU, lo que permitiría a un ente independiente validar las cifras, ya que en muchos casos se han mezclado con la de presos comunes. “Hay presos políticos con boleta de excarcelación que no han sido liberados,” señala Rojas, quien obtuvo su libertad plena el pasado 8 de octubre, tras más de siete meses bajo restricciones de movilidad.
Estas restricciones han complicado su reintegración laboral, creando un ambiente de miedo y persecución. Rojas menciona que Diosdado Cabello lo atacó públicamente por su labor periodística, lo que refleja el riesgo constante al que se enfrentan los excarcelados. “En el tema laboral es muy complicado; tienes una espada de Damocles sobre ti,” añade.
La Red y el movimiento de presos políticos “Nelson Mandela”, compuesto mayoritariamente por excarcelados de El Rodeo, han llevado sus demandas al ámbito político. Whilfer Piña, representante del movimiento, destaca: “Los presos políticos somos las principales víctimas de estos 27 años de torturas y violaciones de derechos humanos.” Junto a la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, han solicitado que se les incluya en el diálogo con la administración de Rodríguez, buscando reparaciones económicas y la restitución de derechos.
Con el “nuevo momento político”, han recorrido el país denunciando la situación de los presos políticos y proponiendo soluciones para una futura redemocratización. “No queremos que esta historia de persecución persista,” afirma Piña, quien también ha identificado la pérdida de bienes como un problema crítico. Muchos excarcelados temen denunciar la ocupación de sus propiedades por parte de funcionarios de seguridad, lo que agrava aún más su situación.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha documentado que el estigma y las medidas cautelares convierten a los excarcelados en ciudadanos con “muerte civil”. La mayoría queda sujeta a regímenes de presentación obligatoria ante tribunales, lo que implica costos de desplazamiento que muchos no pueden afrontar. En septiembre, por ejemplo, un viaje desde Mérida a Caracas costaba entre 70 y 150 dólares.
El proceso de presentación es engorroso y provoca que muchos excarcelados prefieran permanecer en casa, temerosos de ser nuevamente detenidos. “Hay algunos que salen con miedo o prefieren quedarse en sus casas,” dice un excarcelado que optó por el anonimato. Las recomendaciones de sus carceleros, como “pórtate bien y no declares”, reflejan un ambiente de represión que persiste incluso tras la liberación.
El ODH-ULA también ha señalado que los antecedentes penales dificultan las oportunidades laborales. La carga de acusaciones por delitos como terrorismo o traición a la patria bloquea el acceso a empleos formales, obligando a muchos a la economía informal. Además, la plataforma del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz presenta problemas de acceso a la documentación necesaria para formalizar contratos, lo que empuja a los excarcelados a subsistir de manera precaria.