Este 29 de octubre Delcy Rodríguez intentó dar un mensaje de civismo y respeto al debido proceso.
La representante del chavismo, entre otras cosas, anunció que “ha instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial. El ejercicio responsable de la política está garantizado”.
“Todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo”, dijo minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado sostenga un encuentro con medios de comunicación tras su esperado regreso.
Asimismo, recordó que las protestas pacificas son un derecho constitucional siempre que estén acompañadas “del respeto a la integridad física y moral” de los funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Sin embargo, escuchar al chavismo hablar de “orden judicial” y “ejercicio responsable de la política” provoca un poco de suspicacia.
Para entender esta nueva promesa de Delcy, hay que revisar la contradicción que arrojan las estadísticas de la realidad. Según los registros del Foro Penal, en Venezuela se contabilizan nada menos que 19.251 detenciones arbitrarias desde 2014.
Esos miles de ciudadanos fueron detenidos por el “delito” de pensar distinto, salir a manifestar pacíficamente en contra del régimen, tener la osadía de ser pariente de algún dirigente político incómodo o, peor aún, cometer la locura de ejercer el periodismo buscando la verdad.
Las nuevas decisiones se enmarcan en un proceso de “transformación” que ordenó, luego de asumir la jefatura de Estado por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.
Desde entonces, y en un contexto marcado por la presión de Washington, Rodríguez ha ordenado la liberación de cientos presos políticos, la renovación del sistema de justicia y ha flexibilizado las restricciones en el ejercicio de la política que por años estuvo marcada por denuncias de represión y detenciones arbitrarias.
La chavista recordó que también llevó al Parlamento una ley de amnistía que, según dijo, ha beneficiado a casi 9.000 personas y reiteró que “más de mil personas han sido puestas en libertad producto de la aplicación de esta” norma y de otros instrumentos.
Además recordó que también propuso la reforma de la ley contra el odio que, volvió a reconocer, se ha “aplicado de forma abusiva” y pidió nuevamente al Parlamento llevar a “un proceso amplio de consultas” sobre esa criticada normativa.
Según dijo, una vez que sea aprobada la reforma, “el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas” bajo esta ley.