La demanda principal fue impulsada por los herederos de la familia Blanco Rosell, quienes poseían una concesión de explotación en la bahía de Mariel antes de ser nacionalizada en 1960. La querella acusaba a las navieras de «traficar» con activos robados al enviar contenedores directamente a la terminal o participar en operaciones comerciales que generaban beneficios económicos a partir de dicha propiedad privada.
Estos acuerdos surgen tras la activación del Título III de la mencionada ley en 2019, una medida que estuvo suspendida por décadas y que ahora permite llevar a juicio a entidades internacionales. Hasta la fecha, se han registrado al menos 46 demandas similares contra corporaciones de diversos sectores, incluyendo hoteles y aerolíneas que han operado en la isla sin permiso de sus dueños originales.
El panorama judicial para las empresas con nexos en Cuba se complica, ya que la Corte Suprema de EE.UU. también analiza sanciones millonarias contra líneas de cruceros por motivos similares. Este endurecimiento legal coincide con el anuncio de nuevas sanciones lideradas por el Departamento de Estado, que buscan limitar las relaciones comerciales de empresas no estadounidenses con el régimen de la isla.
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