Las compañías navieras Crowley y Seaboard, con sede en Florida, han alcanzado acuerdos confidenciales para finalizar las demandas interpuestas bajo la Ley Helms-Burton. Este marco legal permite a ciudadanos estadounidenses reclamar compensaciones a empresas que se beneficien de propiedades expropiadas por el gobierno cubano tras la revolución de 1959, como ocurrió con los terrenos en el Puerto de Mariel.
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