Para analizar el verdadero alcance de estos movimientos, conversamos con el politólogo Benigno Alarcón, quien ofreció una mirada incisiva sobre los tiempos de la mesa de negociación, la falta de incentivos del Ejecutivo para cambiar la realidad del país y el rol determinante de la diplomacia estadounidense.
Un receso que frena las expectativas
Pese a la urgencia que atraviesa la nación, la mesa de negociación ha entrado en un lapso de inactividad que se extenderá hasta las primeras semanas de septiembre. Según Alarcón, este congelamiento de las conversaciones restará viabilidad a cualquier avance sustancial a corto plazo. “No entiendo la razón de esa pausa. La verdad es que con la situación de urgencia que tenemos en el país no se justifica”, señaló el politólogo.
A esta pausa en las negociaciones se le suma el receso parlamentario de la Asamblea Nacional chavista. Alarcón advierte que para activar la Comisión de Postulaciones del TSJ o concretar las reformas prometidas al sistema judicial, se requiere de un Poder Legislativo activo, algo que no ocurrirá sino hasta mediados de septiembre. Por ende, la expectativa de cambios profundos en las próximas semanas es incierta.
Presos políticos, rehenes del régimen
Respecto a las declaraciones de Dinorah Figuera, quien afirmó que la liberación de los presos políticos se maneja en una vía paralela para evitar que sean utilizados como ficha de cambio, Alarcón se mostró escéptico.
Desde la perspectiva del analista, el gobierno siempre buscará elementos de maniobra dentro de la mesa negociadora. La reciente liberación de algunos detenidos no responde, según su criterio, a una voluntad de flexibilidad interna, sino a la intervención directa de la administración estadounidense para forzar entregas adicionales, aunque estas no abarquen a la totalidad de los prisioneros políticos.
El punto central del análisis de Alarcón radica en la profunda asimetría de intereses que existe entre las partes sentadas a la mesa. Para el gobierno, no alcanzar un acuerdo representa un costo cero. El mantenimiento del status quo es, en la práctica, su mejor escenario posible, lo que genera incentivos para “ganar tiempo” y ralentizar las discusiones, considera Alarcón.
Mientras para la oposición el costo de no obtener resultados es total. La representación de la AN de 2015 está obligada a mostrar avances concretos en materia política para evitar su rápida deslegitimación ante la ciudadanía.
Para el politólogo, el volumen de magistrados ante el TSJ no le genera un ruido negativo, ya que una plantilla más amplia podría dificultar el control absoluto de las decisiones. Sin embargo, enfatizó que el verdadero reto radica en la calidad e independencia de los elegidos. “Lo que todos esperamos es un TSJ conformado por magistrados independientes, con experiencia y experticia (…), que no sean simplemente magistrados del gobierno de turno cuyo mérito es ser leales al gobierno que está mandando”, aseveró.
Sobre el destino de los magistrados salientes, descartó escenarios de amnistía o negociaciones personales, asegurando que su salida no depende de su propia capacidad de arbitraje, sino de las decisiones que tomen los actores políticos de mayor peso.
Lo que mueve el tablero de negociación
Frente a un panorama de protestas locales dispersas, motivadas principalmente por la deficiencia en los servicios públicos y que no representan un costo político suficiente para obligar al Ejecutivo a ceder, Alarcón señala que la presencia y presión constante de los Estados Unidos es el único elemento diferenciador respecto a procesos fallidos del pasado.
“Si la presión de los Estados Unidos desaparece, pues estamos en el mismo escenario que estábamos en el pasado (…). Hoy por hoy, lo único que mueve el tablero es la presión norteamericana”, sentenció Alarcón.
El curso de los acontecimientos tras el reinicio de las conversaciones en septiembre dependerá, en última instancia, de la capacidad de la comunidad internacional para inclinar la balanza hacia resultados reales y no hacia una nueva estrategia de prolongación del tiempo.
