Donald Trump tiene sobradas razones para manifestar felicidad con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. El relevo de Nicolás Maduro tras su extracción el pasado 3 de enero, permite que el gobierno de los Estados Unidos maneje a su discreción y absoluta opacidad el manejo de los recursos provenientes de la exportación de los recursos petroleros en Venezuela -estimados en 13.000 millones de dólares- y cumple con las ordenes emanadas desde la Casa Blanca en temas sensibles para la soberanía de Venezuela.
Por ello, varios analistas consideran que la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), anunciada por el canciller Félix Plascencia este viernes, forma parte de una nueva caricia de los hermanos Rodríguez al ego de Trump, en función del tablero internacional. Una concesión que, además de peligrosa, en relación con la posición de la nación en relación con una investigación abierta de crímenes de lesa humanidad, demuestra la sumisión absoluta de quienes manejan las decisiones desde Miraflores.
El pasado 13 de julio, Marcos Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el lanzamiento de una campaña diplomática para “desmantelar” la CPI), estamento central del sistema de justicia mundial. El plan apuntó a presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.
La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio. También acusó a la entidad de librar “una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”.
Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán, y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington.
Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, destacó la sincronía del anuncio del canciller Plasencia. “Es bastante coincidente (o consecuente) de la política Trump-Rubio”, afirmó.
Impacto real
La ONG Laboratorio de Paz, resalta que son cuatro las consecuencias de esta decisión del gobierno interino para Venezuela.
En un comunicado en X, destaca, que la retirada no es inmediata, pues el artículo 127 del Estatuto de Roma establece que la denuncia surte efecto un año después de que el Secretario General de la ONU reciba la notificación, salvo que el Estado indique una fecha posterior.
La investigación ya abierta continúa. El mismo artículo 127.2 es muy claro: la retirada no afecta las investigaciones y procedimientos que ya habían comenzado antes de que la retirada sea efectiva, ni impide que la Corte siga examinando asuntos que ya estaban bajo su consideración”, se lee.
Para la ONG vinculada con la defensa de los derechos humanos, la CPI mantiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos mientras Venezuela era Estado Parte. Y como la investigación formal sobre la situación de Venezuela fue abierta hace años, cuando el país seguía siendo parte del Estatuto de Roma, la Corte conserva competencia sobre esos presuntos crímenes.
Lo que cambia es el futuro. Una vez que la retirada sea efectiva, la Fiscalía no podría abrir una investigación completamente nueva sobre hechos posteriores a la salida, salvo que existiera otra base de jurisdicción, como una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU o una aceptación posterior de jurisdicción por parte del propio Estado”.
Tutelados a conveniencia
Los argumentos de Rodríguez para reafirmar la salida de Venezuela de la CPI, se basan en que el organismo “agredió” al pueblo venezolano y al gobierno.
Muy obedientes apoyando la campaña de Trump y Rubio de atacar a la Corte Penal Internacional. Denunciaron la Convención Americana de Derechos Humanos, ahora el Estatuto de Roma, acciones a favor de la impunidad y graves violaciones de derechos a la población”, advirtió Marino Alvarado, activista de derechos humanos.
En esa misma línea, Maibort Petit, politóloga, explica que, sin embargo, esa narrativa contrasta con las críticas de quienes sostienen que la CPI nunca actuó directamente contra el régimen, pese a las denuncias e investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos.
Todo apunta a que el chavismo busca aprovechar el contexto internacional y la postura de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio para impulsar esta decisión, con el objetivo de reducir el impacto que pudieran tener futuras actuaciones de la Corte relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela”, añade Petit.
About The Author
